Les ponemos en situación, a primera hora de la mañana del pasado 25 de septiembre se celebraba un pleno en el parlamento andaluz, a él acudían, entre otras personalidades políticas, el parlamentario por Educación y Deporte, José Bernal y los parlamentarios por el Partido Popular, José Eduardo Díaz y María Teresa Ruiz-Sillero. En ella, el Partido Popular presentó una moción relativa a política general en materia de formación profesional para el empleo. El parlamentario andaluz, José Bernal, hizo una defensa del funcionamiento de la Administración Pública en materia de formación, y por consiguiente del actualmente investigado Caso Edu, en concreto defendió las exoneraciones en cursos de formación como “una exceptuación por la alta demanda”. A lo que Ruiz- Sillero, parlamentaria por el Partido Popular, contestó que el problema “estaba en la exoneración masiva”.
J.Para
Para Díaz, por su parte, “resulta bochornoso como Bernal intenta ganar puntos políticos en lugar de trabajar por los intereses de Marbella”. Al portavoz popular le escandaliza que Bernal no solo “no haya sido capaz de llevar iniciativas al parlamento para defender la ciudad”, sino que además defienda la gestión de una administración que actualmente se encuentra en tela de juicio.
CASO EDU
Para aquellos que aún no conozcan en profundidad la trama, el Caso Edu, también conocido como fraude de los cursos de formación, es un presunto caso de malversación de caudales públicos vinculado a la Junta de Andalucía. Gestión que actualmente se encuentra investigada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y está pendiente de judicialización.
El origen de esta trama radica en el hecho de que la Junta habría pagado cursos de formación que no se llegaron a realizar, sin exigir justificación de la realización de estos ni demandar la devolución de los fondos en caso de que el curso no se impartiera. En el punto de mira hay 17 empresas y más de 200 personas bajo investigación. El total pagado por adelantado a las entidades formadoras en el período investigado, de 2007 a 2013, asciende a 2.000 millones de euros.
A pesar de esta situación el secretario del Partido Socialista en Marbella se muestra a favor del funcionamiento de la administración pública, actualmente investigada.
