La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local asegura que, sin una regulación adecuada, este nuevo impuesto, que entrará en vigor a partir del mes de abril, podrá generar cientos de ordenanzas en toda España donde cada ayuntamiento hará lo que quiera o pueda, lo que a su vez se traducirá en cientos de recursos y resoluciones distintas por parte de los tribunales
Una vez más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra provocando verdaderos quebraderos de cabeza a las administraciones locales de España, en general, y, de forma más concreta, al Ayuntamiento de Marbella. Esta vez la culpa la tiene un nuevo tributo sobre la gestión de residuos, que entrará en vigor a partir de abril, y que será de obligado cumplimiento en 2025.
En concreto, esta nueva tasa supondrá que los vecinos de la localidad marbellí, así como los del resto de España, asuman los costes tanto de recogida como de tratamiento de basura suponiendo esto que el recibo anual de los contribuyentes llegue a multiplicarse.
Este hecho pone en evidencia una vez más a Pedro Sánchez ante una medida, la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sobrevenida y muy impopular. Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, “que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”, dice la Ley 7/2022. Por todo ello, La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local advierte sobre un importante vacío legal en torno a este ‘tasazo’ de basura de Sánchez, según la ANIHPL, sin una regulación adecuada, este nuevo impuesto podrá generar cientos de ordenanzas en toda España donde cada ayuntamiento hará lo que quiera o pueda, lo que a su vez se traducirá en cientos de recursos y resoluciones distintas por parte de los tribunales.
En definitiva, la aplicación presenta muchas dudas todavía. Los Ayuntamientos de la Costa del Sol, y el Partido Popular, están en armas ante este nuevo tributo, los alcaldes ultima su regulación y denuncian ante los medios y en los plenos ordinarios una situación que supondrá que el recibo de los contribuyentes sea hasta cuatro veces mayor que el actual.
