La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, han comparecido esta mañana para explicar una de las principales novedades que presenta la Ley de Presupuestos Generales para la ciudad y que será de aplicación directa una vez que estos se hayan aprobado, algo que se espera se produzca a finales de junio. Un acuerdo que ya presentó la regidora y cuya presentación ha sido respaldado hoy por el propio Ministerio de Hacienda y que al plasmarse en el documento económico adquirirá rango de ley.
Se trata de la disposición final decimocuarta de los presupuestos que contempla la posibilidad de permitir que los bienes embargados como resultado de procesos judiciales por corrupción, con sentencia judicial firme, puedan pasar a integrarse en el patrimonio del Ayuntamiento en lugar de integrarse en el de la Administración General del Estado, tal y como se prevé por ley. Para ello debe ser el Pleno el que apruebe estas peticiones que se dirigirán directamente al Gobierno central una vez que estén aprobados los presupuestos.
Además en su punto cuarto la disposición final habilita a ambas administraciones para firmar un convenio en el que el Ministerio se comprometerá a financiar, con los ingresos obtenidos en las sentencias, proyectos que la propia ciudad considere como indispensables.
La citada disposición de los presupuestos viene a modificar el acuerdo que se alcanzó en 2012 entre la ciudad y la Seguridad Social y Hacienda que permitió que la deuda pendiente devengada con anterioridad a la disolución del Ayuntamiento se fraccionase en un plazo de 40 años reduciéndose la misma con el cobro de otras indemnizaciones.
Una vez aprobado los presupustos lo que Marbella perciba en los juzgados a modo de indemnización, cuando se trate de bienes inmobiliarios, pasarán a integrarse en el patrimonio municipal, y en el caso de que se trate de cantidades económicas estás podrán invertirse en los edificios que a modo de indemnización perciba y que deberán destinarse a uso municipal.
El responsable ministerial ha subrayado que con la aprobación de las cuentas, el acuerdo adquirirá rango de ley y ha destacado “la sensibilidad especial del Gobierno de España con Marbella”. Fernández de Moya ha resaltado también “el trabajo decidido y sobresaliente de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y del equipo de Gobierno para llevar a cabo una resolución de una situación compleja”
El secretario de estado de Hacienda ha destacado “el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento dentro de sus obligaciones para el pago de la deuda heredada”, con una amortización, entre 2012 y 2017, de 15 millones de euros con respecto a la Agencia Tributaria, dejando la cuantía actual en 20,3 millones de euros.
Por su parte la alcaldesa ha destacado que se trata de “una gran noticia para la ciudad, que llevábamos mucho tiempo esperando y que hace justicia con Marbella”. “Si el acuerdo del año 2012 permitía al Consistorio evitar la quiebra, este es igual de importante para la ciudad, devolviendo los bienes y fondos al patrimonio del municipio para que puedan ser disfrutados por nuestros ciudadanos”.
Este procedimiento será el que se use en el caso de la finca La Caridad de Roca, que se pretende destinar a instalaciones deportivas, así como en el caso del edificio junto al Hospital Costa del Sol, en el que se prevé se pueda albergar la Ciudad de la Justicia. Una norma que será además de aplicación a todos aquellos edificios que se encuentren dentro de los límites de Marbella.
