La concejala de Urbanismo, María Francisca Caracuel, ha dado las pertinentes explicaciones sobre la información lanzada esta mañana por el candidato socialista a la alcaldía en la que apuntaba que el actual equipo de Gobierno quería comprar la propiedad de la sede en la que se encuentra la delegación. Aspecto que ha sido negado por la responsable municipal quien ha informado de que “no vamos a comprar este edificio, vamos a expropiarlo”, una procedimiento que se llevará a cabo auspiciado por un informe de necesidad, realizado por técnicos municipales con fecha de abril en el que se justifica con el fin de evitar “poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores”.
Actualmente Urbanismo se ubica en tres plantas del edificio pese a tener una plantilla que, en determinados momentos, puede llegar a superar los 100 trabajadores, llegando a concentrarse en un espacio de 50 metros hasta 17 personas, así, se espera que al poder disponer de la totalidad del edificio, con siete plantas, estos “gocen de más espacio”.
Para llevar a cabo además la expropiación debía cumplirse con dos requisitos, “la valoración por parte de patrimonio del Ayuntamiento”, informe que ya estaría realizado, y la segunda, “dotarlo presupuestariamente”, un paso que previsiblemente se dará en el pleno ordinario de octubre que se celebrará el próximo viernes.
La edil rechazó que se hubiese llevado a cabo ningún tipo de conversación con la empresa propietaria, cosa que sí habría hecho el ex alcalde según apuntó Caracuel quien añadió que este tendrá que explicar “hasta donde llegaron sus conversaciones para adquirir el edificio”.
Para Caracuel las declaraciones de Bernal son “incendiarias y carentes de solidez y rigurosidad” y apuntó a una posible reacción política del socialista después del anuncio que realizó ayer el equipo de Gobierno de estudiar acciones legales por el asunto del canon del agua de Acosol durante su mandato. “Da la casualidad de que ayer anunciamos que estamos estudiando judicialmente si hay alguna responsabilidad en la etapa en la que estuvo de responsable de Acosol con el destino cuestionado de esos treinta y un millones de euros que no se sabe en qué se utilizó”, señaló la edil.
La responsable de Urbanismo añadió que “el edificio es un sistema de equipamiento institucional es un edificio que está regularizado y cumple con los requisitos legales para funcionar normalmente con licencia de apertura desde el año 2012”, explicando que se regularizó “porque la propiedad compensó al ayuntamiento con tres plantas”.
