El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, dijo hoy en Marbella que confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no atienda las medidas cautelares que el jeque catarí Abdullah Al-Thani ha solicitado por vía del contencioso-administrativo para, de ese modo, la Junta pueda licitar de nuevo el proyecto de ampliación del Puerto de La Bajadilla. «Confío en que no las atienda porque la trayectoria de incumplimientos del concesionario ha sido manifiesta, como lo avalaba el propio informe del Consejo Consultivo de Andalucía», ha indicado el consejero, que ha visitado el puerto junto al delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el regidor, José Bernal. López ha confiado en el que el TSJA «tarde poco» en pronunciarse porque, a juicio del consejero, «no se trata de un tema muy complejo», aunque ha matizado que no pretende «interferir» en las funciones del Tribunal.
«Nosotros esperamos que después de la trayectoria de incumplimientos reiterados no se tome una decisión de la noche a la mañana, sino que se tome después de la constatación reiterada y requerimientos uno tras otro de que se cumplieran las condiciones del contrato y han sido incumplidas», ha señalado.
«En la defensa de los intereses generales y de la prosperidad y el empleo, no nos queda otra cosa que fuese responsable, que acabar con la concesión administrativa de alguien que no estaba cumpliendo», ha agregado.
Si el TSJA desiste de dictar medidas cautelares y «deja el camino libre», la Junta licitará el proyecto para poner en marcha «este motor de desarrollo para el empleo, la actividad económica y la prosperidad de Marbella», ha indicado López, que ha asegurado que el Ayuntamiento comparte el «afán» por reimpulsar la iniciativa.
El consejero ha lamentado el «tiempo perdido» en la ejecución del proyecto adjudicado en 2011 a la concesionaria NAS Marbella, liderada por el catarí, aunque ha asegurado que la demora «no es imputable» a las administraciones públicas».
«No siempre se acierta cuando se hace una concesión administrativa. Se tiene que regir por los principios de legalidad, de transparencia y de concurrencia. Es lo que se hizo y lo que vamos a hacer en este momento», ha explicado.
López ha confiado en «tener la fortuna» de que la próxima concesión recaiga en una empresa «con suficiente interés en desarrollar un proyecto que sea una oportunidad de negocios para los inversores y un motor de desarrollo en términos de prosperidad económica» para la ciudad.
La Junta, ha indicado el consejero, realiza en el puerto de La Bajadilla una «tarea provisional de administración» tras la «constatación de abandono en las que están las instalaciones desde principios de año», aspecto que el Gobierno regional comunicó al TSJA. La presencia de la Junta como administradora de la marina será «transitoria», aunque el consejero ha garantizado que el Gobierno regional estará «todo el tiempo que sea necesario» para garantizar que los servicios públicos se prestan.
La pretensión del Gobierno autonómico es volver a licitar un proyecto similar al actual para evitar tener que modificar las autorizaciones de Demarcación de Costas y medioambientales «y volver a arrancar de cero».
El regidor, José Bernal, ha garantizado por su parte la «complicidad» del Ayuntamiento para retomar el proyecto. «El ánimo y el interés del Ayuntamiento y de la Junta es que la ampliación del puerto sea una realidad y se ejecute de forma inmediata», ha agregado.
«Así será. Después de que se solvente la actual situación jurídica tendremos el puerto de oportunidades para Andalucía, la Costa del Sol y Marbella, siempre desde la transparencia y la cohesión de las administraciones», ha señalado.
Al-Thani ha incumplido «de forma reiterada y durante mucho tiempo» las condiciones de la adjudicación del proyecto de ampliación, lo que llevó a la Junta a la «convicción» de rescindir la concesión por «incumplimiento manifiesto» tras dar al jeque catarí «muchas treguas y muchos plazos», ha explicado el consejero. NAS Marbella tenía que haber presentado el proyecto en mayo de 2012 e iniciar las obras «pocos meses después».
En noviembre de 2016, la Junta dio por finalizada la concesión administrativa, para lo cual contó con un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, ha agregado López. Al-Thani se abstuvo de recurrir la medida a través de la vía administrativa, pero sí lo hizo por la contencioso-administrativa para solicitar medidas cautelares sobre las que se tiene que pronunciar el TSJA.
