La Costa del Sol y la comarca del Campo de Gibraltar viven una situación insostenible marcada por el avance del narcotráfico, el aumento de la violencia organizada y la falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno de España. A pesar de los esfuerzos diarios de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, la realidad es incuestionable: las plantillas están desbordadas, los medios son insuficientes y las mafias operan hoy con más recursos, tecnología y capacidad de fuego que nunca.
Y ante esta realidad, el Estado sigue sin actuar.
Los datos publicados recientemente en medios e informes oficiales reflejan la verdadera magnitud del problema. En 2024 se realizaron más de 12.000 operaciones policiales contra el narcotráfico solo dentro del Plan Especial del Campo de Gibraltar. Se produjeron 5.911 detenciones y se incautaron más de 264 toneladas de droga, cifras que demuestran el enorme trabajo policial… pero también la dimensión del enemigo al que se enfrentan.
Porque mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen un esfuerzo titánico para contener la criminalidad, las organizaciones narcotraficantes continúan creciendo, profesionalizándose y extendiendo sus redes. Informes recientes revelan que estas mafias operan hoy con drones de última generación, fusiles de guerra, lanchas ultrarrápidas y sistemas de comunicación encriptados, elementos que superan en ocasiones la capacidad tecnológica disponible para las unidades policiales.
Incluso se ha detectado la contratación de sicarios menores de edad, una práctica que abarata los costes de la violencia y aumenta la brutalidad de estas bandas.
El Estado, sin embargo, permanece inmóvil. La dotación de efectivos no ha aumentado al ritmo que exige la situación y la sensación de abandono se extiende entre los municipios afectados. En plena temporada alta, cuando miles de turistas llegan a la Costa del Sol y aumenta la presión sobre el territorio, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales reconocen estar al límite.
Los sindicatos policiales lo han dicho con claridad: faltan agentes, faltan medios, falta apoyo político. Y lo que sobra es delincuencia organizada.
Mientras los delitos comunes bajan —una cifra que el Gobierno utiliza como escudo propagandístico— los delitos graves y violentos vinculados al narco aumentan. Eso no es “seguridad”. Eso es un espejismo estadístico.
La sensación de inseguridad, reconocida incluso por el propio Departamento de Seguridad Nacional, está creciendo porque la violencia del narco es cada vez más visible, más directa y más temeraria.
El Ejecutivo sigue sin reforzar las plantillas, sin aumentar medios materiales y sin desplegar una estrategia integral y contundente. Y esta inacción tiene consecuencias directas: los municipios de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar están quedando solos ante uno de los mayores desafíos de seguridad de Europa occidental.
Es necesario y urgente que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad. La seguridad ciudadana es una competencia estatal y, por tanto, es el Estado quien debe garantizar que nuestras calles, nuestros puertos, nuestras costas y nuestras fronteras estén protegidas frente a organizaciones criminales que ya operan como auténticos ejércitos.
Por ello, desde los municipios afectados se exige de manera inmediata:
- Un incremento real y permanente de efectivos policiales.
- Más medios materiales y tecnológicos, al nivel de los utilizados por las organizaciones delictivas.
- Un refuerzo extraordinario en temporada alta.
- Una estrategia nacional seria contra el narcotráfico, no simples operaciones puntuales.
La situación no admite más demoras. Cada día que pasa sin una reacción del Gobierno es un día más en el que las mafias avanzan, se fortalecen y ponen en riesgo la seguridad de nuestros vecinos y trabajadores.
La Costa del Sol y el Campo de Gibraltar no pueden seguir abandonados. El Estado debe actuar y debe hacerlo ya.
