La nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a golpear donde más duele: en los bolsillos de los autónomos y pequeños comerciantes. En municipios donde ya se ha aplicado, como Alhaurín de la Torre, las cifras son escandalosas: más de 3.600 euros al año para negocios como gimnasios o tiendas, y hasta 170 euros por dos simples bolsas de residuos mensuales en ópticas o despachos profesionales.
Lo que el Ejecutivo socialista vende como una “tasa medioambiental europea” no es más que otra vuelta de tuerca fiscal que hunde a quienes generan empleo y riqueza en nuestros pueblos y ciudades. Una medida impuesta por el Gobierno central y que los Ayuntamientos se ven obligados a aplicar, aunque muchos, como el de Marbella, han logrado retrasar su entrada en vigor para proteger a los vecinos y empresarios locales.
El Gobierno municipal de Marbella, encabezado por el Partido Popular, ha sido claro: esta tasa no nace en el Ayuntamiento, sino en Madrid, fruto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados impulsada por Pedro Sánchez y su ministra María Jesús Montero, que obliga a los municipios a repercutir en los ciudadanos el coste completo del tratamiento de los residuos. Es decir, el Gobierno ordena… y los autónomos pagan.
Mientras tanto, Isabel Pérez, diputada nacional del PSOE y concejal en Marbella, mira hacia otro lado, sin levantar la voz para defender a los comerciantes que sostienen la economía local. Ni una sola gestión, ni una sola propuesta, ni un solo intento por frenar esta injusticia. Su silencio resulta tan atronador como revelador: Marbella no cuenta con una representante socialista que defienda sus intereses ante las decisiones del Gobierno.
Los efectos ya se sienten en otros municipios: bares, peluquerías, tiendas, talleres y gimnasios que han visto cómo su factura anual se dispara con esta nueva carga fiscal que nada tiene que ver con su volumen de residuos reales. Una medida indiscriminada, burocrática y desproporcionada, que penaliza la actividad económica y desincentiva la creación de empleo.
Desde el Ayuntamiento de Marbella se mantiene una posición firme y responsable: evitar aplicar esta tasa el mayor tiempo posible, buscar alternativas y defender el bolsillo de los vecinos. Sin embargo, tarde o temprano, la imposición del Gobierno de Sánchez llegará a todos los municipios, dejando a los autónomos y pequeñas empresas en una situación insostenible.
Una vez más, el PSOE demuestra su desconexión total con la realidad de quienes madrugan, pagan impuestos y crean empleo, mientras sus representantes locales, como Isabel Pérez, permanecen inmóviles y sumisos ante las órdenes del Ejecutivo central.
Marbella, por ahora, resiste el sablazo fiscal de Sánchez. Pero el golpe está en camino. Y cuando llegue, los marbellíes sabrán perfectamente a quién pedirle explicaciones.
