Los 26 condenados a más de dos años de cárcel en el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en Marbella, cumple hoy un año en prisión desde que ingresaran el 27 de enero de 2016 en distintos centros penitenciarios para empezar a cumplir las penas impuestas en cada caso en la sentencia. La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, encargada del caso, dictó un auto por el que se iniciaba la ejecución de la sentencia y en el que se daba a 26 condenados, con penas de cárcel superiores a los dos años, un plazo para ingresar en prisión voluntariamente. Además, les advirtió de que si no cumplían dicho plazo se decretaría su busca y captura.
Redacción
De esas 26 personas, ingresaron en prisión la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, condenada a cinco años y medio, que lo hizo en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, donde también entraron otros exediles, como Rafael González y Tomás Reñones, condenados a esa misma pena.
La ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, condenada a tres años y medio, ingresó en la cárcel de Ávila. En la cárcel de Barcelona entraron un día antes los exconcejales José Jaén y Pedro Pérez, ambos condenados a tres años y seis meses. Este último ha tenido ya dos permisos y el primero, uno, según otras fuentes.
También ingresaron en prisión los exediles Vicente Manciles, condenado a tres años y medio de cárcel, en este caso en un centro de Madrid; Emilio Jorrín, condenado a dos años y medio de prisión, en la cárcel de Algeciras y María José Lanzat, a la que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada dio el tercer grado en septiembre.
Otros de los condenados que ingresaron en distintas prisiones ese día fueron el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, con una pena de cuatro años de prisión; Óscar Benavente, uno de los testaferros del cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, condenado a lo mismo; la abogada Montserrat Corulla y el exprimer teniente de alcalde Pedro Román.
Ese ingreso en prisión también se refería a Antonio Jimeno, cuñado de Juan Antonio Roca; y Salvador Gardoqui, el contable de la mayoría de las empresas del cerebro del caso. En cuanto a la exedil Marisa Alcalá, su orden para entrar en prisión fue posterior y se personó en un centro penitenciario en julio para comenzar a cumplir la pena de dos años de cárcel impuesta. Actualmente, está en la cárcel de Málaga.
El Tribunal que ejecuta la sentencia del caso ‘Malaya’ ha establecido unos parámetros para aplicar en las liquidaciones de condena de los procesados en este procedimiento, de forma que ha acordado la compensación de los días de asistencia a juicio y de la privación de pasaporte, así como de las comparecencias periódicas ‘apud acta’; es decir, en el juzgado.
Así, a través de un auto, se acordó computar un día de prisión por cada diez comparecencias apud acta en los juzgados y un día de cárcel por cada mes de privación de pasaporte. Asimismo, se establecía que se compensará un día de prisión por cada diez asistencias efectivas al juicio.
La orden para entrar voluntariamente en la cárcel para cumplir la condena no se realizó para Roca ni para el exalcalde Julián Muñoz, ya que éstos ya se encontraban en prisión cumpliendo por otras causas judiciales.
Seis de los condenados con penas superiores a los dos años no ingresaron aquel día en prisión por distintos motivos: dos se fugaron y se dictó sobre ellos órdenes de busca y captura; dos se encontraban enfermos, por lo que se encargaron informes periódicos; uno se encontraba en Italia, donde pretendía cumplir la pena; y en el último caso, tenía una cita judicial en otro país.
Uno de los que se fugó fue el empresario Andrés Liétor, condenado a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, el cual fue localizado y detenido en junio pasado en Venezuela y está a la espera de ser extraditado a España. El otro fue el abogado Juan Hoffman, al que se le impusieron cinco años de prisión, que podría cumplir la pena en Alemania, al tener dicha nacionalidad.
Por su parte, Celso Dema, condenado a dos años y medio, y el exedil Rafael Calleja, con tres años y medio de prisión, se encontraban enfermos y se ha ido pidiendo informes médicos periódicos que han sido valorados por los forenses.
Asimismo, el empresario italiano Massimo Filippa, condenado a tres años y seis meses de prisión por cohecho y blanqueo, pretendió desde el principio cumplir la pena en una cárcel de Italia.
En el caso del también constructor Carlos Sánchez, condenado a cuatro años y cuatro meses, su representación legal presentó en ese momento escritos sobre una comparecencia judicial que tenía en República Dominicana, tras la que regresó a España e ingresó en prisión.
