Han decidido tomar cartas en el asunto y dar un paso al frente para recuperar el trabajo que perdieron el pasado abril. Los trabajadores del centro ambiental de Marbella quieren reabrir la planta, después de que la empresa que la gestionaba cerrara sus puertas de forma unilateral, decisión que tomaron tras decretar el Ayuntamiento el cierre del vertedero anexo que, según el equipo de Gobierno, operaba de forma irregular. Así, seis de los 16 empleados que fueron despedidos han decidido constituirse en una cooperativa para reabrir esta planta de tratamiento de residuos, que sigue cerrada y que tanto malestar ha provocado, entre ciudadanos y también transportistas al tener que trasladarse a otro municipio para depositar los residuos. Ellos mismos, han mostrado su preocupación por los vertidos incontrolados, tanto de poda como de residuos de obras, decidiendo, según han informado en un comunicado, crear la Cooperativa Laboral Huerta del Peñón S.C.A.
Redacción
Así, estos seis exempleados del centro ambiental han optado por capitalizar las prestaciones por desempleo para poner en marcha la cooperativa, y están a la espera de que se tramite el expediente de resolución del contrato con la antigua concesionaria para tener opciones de asumir la planta de reciclaje a través de su cooperativa. Los trabajadores se encuentran asimismo en conversaciones con el Consistorio.
Precisamente, hace unos días, el concejal de Parques y Jardines, Francisco García, informaba de que desde el Ayuntamiento se estaba elaborando un estudio para abrir una zona de acopio provisional en una parcela anexa al vertedero que fue clausurado, precisando que las áreas de Asesoría Jurídica y de Contratación “van a marcar las pautas y las posibilidades de esa posible reapertura y están ordenando en qué situación ha quedado ese incumplimiento de contrato”.
Miguel Díaz, concejal de Sostenibilidad, apuntaba en este sentido que la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos abandonó las instalaciones -tras clausurarse el vertedero de la carretera de Ojén- por el aumento de costes que le suponía trasladar los residuos a otros vertederos localizados en municipios como Casares, de ahí que estudien la posibilidad de pedir a la empresa daños y perjuicios, ya que supone “300.000 euros anuales más de factura que le cuesta al Ayuntamiento tener que llevar sus restos de jardines y de obras a puntos autorizados en Mijas, Coín o Casares”, puntualizó.
