de Personal, han hecho llegar un escrito al alcalde, José Bernal, en el que exigen que se restituya la cobertura sanitaria privada que fue retirada hace nueve años a los empleados por la situación económica que atravesaban las arcas municipales en ese momento. Ahora, estos empleados supeditan continuar con la negociación del convenio colectivo a la restauración de este seguro privado, una medida que supondría un coste adicional de entre dos y cuatro millones de euros al Consistorio. “Nadie entiende que se haga una apuesta firme por lo público y exista un seguro privado”, lamentaba hoy el regidor. Bernal ha sido tajante en su intervención aclarando que el equipo de Gobierno no restituirá esta cobertura médica privada, algo que no contemplan “por coherencia, ética, estabilidad presupuestaria y laboral”, teniendo en cuenta que a los empleados municipales se les ha ofrecido recuperar el convenio anterior a los recortes aplicados por Gobierno Central en 2012 de acuerdo a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización del Gasto Público. Con este nuevo convenio, los empleados recuperarían, según dijo, una jornada laboral de 35 horas semanales, las licencias de vacaciones y las ayudas por natalidad, minusvalía, fallecimientos, tratamientos especiales, de prótesis, odontológicos y farmacéuticos así como los premios a la permanencia y a la jubilación, entre otros derechos.
En este sentido, explicó que existen fórmulas legales que le permitirían volver a este convenio laboral anterior a dicha Ley de Sostenibilidad teniendo en cuenta además que es una ley estatal, todo ello con el objetivo de recuperar el marco laboral anterior a esta medida, donde la única condición que se se exige es la de no restituir el seguro médico privado del que disponía la plantilla.
Si los empleados no atienden a razones y siguen en su exigencia, Bernal aseguró que se mantendrá el actual convenio laboral, en el que, entre otras medidas, la jornada es de 37,5 horas a la semana, y no de 35 como contemplaría el nuevo convenio, además, la supresión de las 2,5 horas de trabajo supondría dejar sin efecto el Real Decreto Ley 20/2011, que establecía que, “a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos”.
La de Marbella no sería la primera administración del país que aplica esta medida, ya que a principios de este mes Junta de Castilla-La Mancha, y además ya la disfrutan los agentes de la policía autonómica vasca, aunque sí sería el primer Ayuntamiento andaluz en dar este paso.
Este punto muerto al que han llegado a las negociaciones también supone una merma en la integración de los trabajadores de los Organismos Autónomos Locales (OAL) con el resto de la plantilla municipal, puesto que esta se verá ralentizada.
Los trabajadores municipales tuvieron ayer una Asamblea en el Palacio de Congresos, que fue solicitada por el comité de empresa y la Junta de Personal, y hoy mismo le han hecho llegar al equipo de Gobierno su postura.
