La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 por parte del Tribunal Supremo sigue siendo uno de los principales escollos a los que se enfrenta el tripartito en su legislatura, una situación que pone de manifiesto un nuevo tablero de juego en el que los procedimientos que se estaban desarrollando de acuerdo a dicho planeamiento “se caen”, según las propias palabras usadas hoy en el Pleno Ordinario de febrero por la concejala de Urbanismo Isabel Pérez, puesto que dicho desarrollo se debe iniciar de acuerdo al Plan vigente el del 86. Atendiendo a las cifras aportadas por el edil del PP Cristóbal Garre en la sesión plenaria, son 55 los procedimientos urbanísticos que se han visto afectados por esta situación -diez del último y 45 llevados hoy al orden del día- y que por tanto su desarrollo se ve paralizado para adaptarse al Plan General vigente. En este punto, la inversión es uno de los asuntos que más preocupan, de ahí que los populares preguntaran hoy al equipo de Gobierno “¿Qué se le está contando a los o inversores?” además de querer conocer cuantos son los procedimientos que aún quedan por anular. Y es que entre las tramitaciones afectadas que hoy se han anulado en el Pleno, se encuentra entre otras, la parcela prevista para la ampliación de la ITV de San Pedro, tal y como apuntó Garre.
Irene Catalán
Por tanto, el municipio necesitaría la revisión de un nuevo Plan con premura, puesto que en estos momentos “aún no se ha dado el primer paso” para comenzar el largo camino que requiere la elaboración de un nuevo planeamiento, que arranca con el pliego de condiciones para la licitación del mismo. Es más, Marbella se haya inmersa en la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), fórmula elegida por el Ayuntamiento. Para Garre, esta medida supone una situación que el propio Garre calificaba de “ineficaz”, puesto que comprende que el 30 por ciento de las viviendas deben ser de Protección Oficial (VPO).
Así, los populares proponían hoy en el Pleno tres líneas de actuación, donde la premura es una de ellas, ya que tras reunirse con expertos en la materia, las modificaciones puntuales que se tienen que ejecutar para la adaptación a la LOUA “se puede hacer entre cuatro y seis meses, y no un año”, plazo previsto para dicha adaptación. Además, solicitan que el debate de la situación de las más de las 16.500 viviendas que se quedan fuera de ordenación tras la anulación del PGOU, se lleve al Parlamento Andaluz, ya que su solución sólo pasa por la vía judicial o la legislativa. “Se necesita gestión para resolver problemas”, subrayó Garre.
