La Junta está preparada para asumir la gestión total del dominio público marítimo-terrestre del municipio, como ya ocurre en el País Vasco y Galicia. La ciudad se vería directamente beneficiada, pero todo depende de que el Ejecutivo de Sánchez quiera cumplir con el Estatuto y transferir esas competencias
El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía comparten una visión clara: es necesario que Andalucía gestione de forma plena su costa, tanto en materia de autorizaciones como de concesiones, deslindes o sanciones. Sin embargo, los beneficios para municipios como Marbella seguirán bloqueados mientras el Gobierno central no decida cumplir con el traspaso competencial que reconoce el propio Estatuto de Autonomía andaluz.
Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha iniciado formalmente la petición para asumir todas las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, siguiendo el modelo que ya se aplica en Galicia y el País Vasco. La medida desbloquearía más de 400 expedientes actualmente paralizados en Andalucía, varios de ellos en Marbella, donde están en juego inversiones, empleos y servicios vinculados al litoral.
Pero solo será posible si el Gobierno central lo autoriza
La posibilidad de que Marbella se beneficie de una gestión más ágil, adaptada y eficaz depende exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez. Un Gobierno que, hasta ahora, ha demostrado más interés en contentar a sus socios nacionalistas que en reforzar la autonomía andaluza o mejorar la calidad de vida de los municipios costeros.
“Tenemos un Gobierno andaluz con capacidad, voluntad y experiencia para gestionar el litoral. Lo que no tenemos es un Gobierno de España que se tome en serio esta reclamación, legítima y respaldada por el Estatuto”, señalan desde el Ayuntamiento de Marbella.
Lo que ganaría Marbella si el Gobierno accede
Si el Estado da el visto bueno, Marbella podría beneficiarse de:
• Mayor agilidad administrativa para resolver concesiones, fondeos, escuelas náuticas y chiringuitos.
• Inversión desbloqueada para empresas locales y nuevos proyectos sostenibles.
• Mayor autonomía municipal para ordenar el litoral con criterios ambientales y turísticos realistas.
• Recaudación de ingresos por cánones y sanciones que ahora percibe exclusivamente el Estado.
• Protección jurídica para negocios históricos que siguen pendientes de regularización.
Actualmente, la normativa estatal limita incluso la actividad en municipios con protección etnológica, lo que impide compatibilizar desarrollo y conservación, como sí podría hacerse con una gestión directa andaluza.
Marbella, lista para avanzar… si el Gobierno deja
Desde el Ayuntamiento de Marbella se insiste en que la colaboración entre Junta y Consistorio es ejemplar y permitiría aplicar de inmediato las mejoras previstas. Pero todo está a expensas de una decisión política del Ejecutivo central, que hasta ahora no ha mostrado especial interés por Andalucía ni por sus municipios costeros.
“Estamos listos para trabajar, pero necesitamos que el Gobierno nos deje. Marbella no puede esperar eternamente a que Madrid reaccione”, afirman fuentes municipales.
Marbella está preparada. La Junta también. Pero sin el visto bueno del Gobierno de España, no habrá avances. Mientras otras comunidades ya disfrutan de estas competencias, Andalucía sigue esperando un traspaso que es legal, justo y urgente. Y lo peor: el bloqueo no es técnico ni jurídico, es puramente político.
