El Estado destina un presupuesto elevado a una actuación de eficacia limitada y fuerte impacto visual, ignorando la solución más demandada por la Costa del Sol
La instalación de pantallas acústicas en la AP-7 ha supuesto una importante inversión económica por parte del Gobierno de España, una decisión que ha despertado críticas por su escasa eficacia y por el fuerte impacto visual que ha generado. Mientras el Estado destina más de 10 millones de euros a esta actuación, la verdadera solución reclamada desde hace décadas —la liberación de la autopista— continúa sin ejecutarse, manteniendo a la Costa del Sol atrapada en un problema estructural de movilidad y ruido que afecta directamente a la calidad de vida de residentes y visitantes.
El coste de estas pantallas, fabricadas con materiales opacos y de estética poco integrada, resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta el limitado beneficio acústico que aportan. Expertos en urbanismo y vecinos coinciden en que la reducción del ruido ha sido mínima en varios tramos, lo que convierte la intervención en una obra de bajo rendimiento y alto coste. A ello se añade el deterioro visual del paisaje, ya que estas estructuras crean una barrera artificial que rompe por completo la imagen característica de Marbella y la Costa del Sol.
Resulta llamativo que esta inversión se ejecute mientras la demanda más urgente del territorio —la liberación de la AP-7— sigue sin respuesta política. Esta actuación tendría un efecto inmediato en la reducción del tráfico, la descongestión del litoral, la disminución del ruido y la mejora del transporte entre municipios. Su ausencia contrasta con la rapidez con la que el Estado ha impulsado unas pantallas que, según los datos disponibles y la percepción generalizada, no atacan el origen del problema.
La falta de planificación integral es evidente. No se ha presentado un estudio comparativo entre alternativas, no se han analizado soluciones combinadas y, según denuncian colectivos ciudadanos, tampoco se ha realizado un proceso participativo que permita comprender las necesidades reales del entorno. La inversión se ha hecho sin valorar adecuadamente su impacto urbanístico, paisajístico y socioeconómico, lo que incrementa la sensación de improvisación.
Además, la intervención ha sido recibida con rechazo generalizado por parte de residentes, sectores turísticos y asociaciones profesionales, que ven en estas pantallas una obra innecesaria que resta valor al territorio. La Costa del Sol compite internacionalmente con su imagen, su paisaje y su calidad ambiental, y actuaciones como ésta perjudican gravemente su atractivo sin ofrecer soluciones reales.
La inversión millonaria, lejos de resolver el problema, ha puesto en evidencia la desconexión del Estado con las necesidades del territorio. Mientras se dedican recursos a actuaciones poco efectivas, la liberación de la AP-7 continúa pendiente, impidiendo que la Costa del Sol avance hacia un modelo de movilidad sostenible, moderno y acorde con su relevancia turística y económica.
