La presencia de narcolanchas en la Costa del Sol se ha intensificado en los últimos meses, generando una creciente sensación de inseguridad entre los residentes y evidenciando una preocupante falta de respuesta por parte del Gobierno central. Estas embarcaciones, utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, navegan con aparente impunidad por las aguas de la región, desafiando a las autoridades y poniendo en riesgo la seguridad de la población.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha expresado su “impotencia y bochorno” ante la proliferación de estas lanchas rápidas. La AUGC, por su parte, denuncia la falta de medios materiales y humanos adecuados para combatir eficazmente este tipo de delincuencia, subrayando que la disolución del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur) ha debilitado la lucha contra estas organizaciones. 
La sensación de inseguridad entre los habitantes de la Costa del Sol se ha visto agravada por incidentes recientes. El 9 de febrero de 2024, en Barbate, Cádiz, dos guardias civiles perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha. Este trágico suceso puso de manifiesto la peligrosidad de estas embarcaciones y la audacia con la que operan. 
A pesar de estos hechos, las narcolanchas continúan operando con relativa libertad en la región. La AUGC ha señalado que estas embarcaciones “campan a sus anchas”, evidenciando una realidad que no se puede obviar. La asociación critica la inacción del Gobierno ante el peligro constante al que se enfrentan los guardias civiles en su lucha contra el narcotráfico, y advierte que esta situación podría provocar nuevos accidentes graves en el futuro. 
Es imperativo que el Gobierno tome medidas urgentes para dotar a las fuerzas de seguridad de los recursos necesarios y restablecer la seguridad en la región. La inacción no solo permite que el narcotráfico prospere, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de protegerla.
La Costa del Sol, conocida por su belleza y atractivo turístico, no puede permitirse convertirse en un territorio donde el crimen organizado opera con impunidad. Es responsabilidad del Gobierno garantizar la seguridad de sus ciudadanos y poner fin a la amenaza que representan las narcolanchas en sus costas.
