El 4 de abril de 2006 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordaba solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Se ponía en marcha la maquinaria para que la ciudad iniciase una nueva época. Y en julio de ese mismo año, la por entonces portavoz del Partido Popular local y que a la postre sería la primera alcaldesa de la ciudad tras los años de corrupción del GIL, anunció la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas bajo el lema «Para que nos devuelvan lo nuestro», en la que planteó que los fondos incautados por los frentes de corrupción que se estaban abriendo en la ciudad volviesen a las arcas municipales.
Por entonces las voces escépticas eran muchas y pocos confiaban en que fuese posible que Marbella se viese resarcida por el expolio que había sufrido. Sin embargo, la lucha que inició por aquel entonces Muñoz, principal valedora de la afrenta y que ya en 2012 consiguió la refinanciación de la deuda de la Seguridad Social logrando dar un respiro a la economía de la ciudad, comenzó a ser una realidad con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del vigente año que incluían una disposición, la veintisiete, que permitía que la ciudad recuperase las cantidades recaudadas por multas, comisos y responsabilidad civil para destinarlas a servicios públicos esenciales, así como la integración en el patrimonio municipal de suelo de diversas fincas y bienes embargados.
Una vez dado este paso, la primera edil, en su condición de senadora, presentó ayer en la Cámara Alta, a través de la Comisión de Entidades Locales, una moción para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que continúe con la recuperación de los bienes que supongan un resarcimiento patrimonial a la ciudad derivado de los diferentes procesos judiciales con sentencia firme de los casos de corrupción de la época de los gobiernos del GIL.
Hasta el momento Marbella ha recuperado en torno a unos 40 millones de euros de los 300 en los que se cifra la cantidad total recogidas en estas sentencias, aunque la cifra podría aumentar de aquí a final de año ya que están pendientes la subasta de dos nuevas fincas, una de Pedro Román, ex concejal, y otra de José Luís Sierra, ex asesor de Jesús Gil, cuyo valor podrían alcanzar los 20 millones de euros, según datos aportados por la regidora.
Es por ello, que la dirigente marbellí ha pedido al presidente del Gobierno celeridad para que “Marbella pueda recuperar haste el último euro” y para que “se haga efectivo en el menos tiempo posible”, a la espera de que “no se deje pasar ni una oportunidad para recuperar este dinero”.
