Desde que la Junta de Andalucía autorizase hace un año la apertura de casas de apuestas deportivas y la implantación de estas máquinas en salones de juego, en la comunidad autónoma ya se han instalado 3.440 terminales de apuestas en un total de 749 locales de juego, siendo la provincia de Málaga líder en la proliferación de estos negocios con un 23 % del total.
Su concejala y secretaria general, Victoria Mendiola, ha manifestado: «la expansión de las casas de apuestas afecta de manera especial a la población joven y nos preocupa enormemente porque es donde encuentran menos restricciones y controles en cuanto a medios de pago».
Es la propia Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AMALAJER, que a través de su presidente, Francisco Abad, confirma que el 55% de los casos que reciben tienen en torno a 20 años. Desde la asociación llevan ya un tiempo alertando de los peligrosos problemas de adicción que se están produciendo entre la gente joven, alegando que muchos llegan con apenas 18 años y declaran llevar alrededor de dos años con las apuestas deportivas, juegos online o incluso el juego presencial en este tipo de salones», declaró
«Desde Podemos queremos impulsar la adopción de acuerdos para prevenir la expansión de este modelo de «ocio» tan perjudicial y que en nada beneficia ni aporta al desarrollo o a la vida de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, el cual necesita un modelo de ocio –y de ciudad–, libre de negocios que conlleven un peligro para un desarrollo adecuado y saludable de nuestra juventud». ha zanjado Mendiola.
La formación solicitará la aprobación de acuerdos que se traducirían en una limitación vía ordenanzas de las zonas en las que pueden establecerse así como la publicidad de los mismos, desarrollo de campañas de visibilización advirtiendo de sus consecuencias nocivas, la formación entre los agentes de la Policía Municipal, así como instar a la Junta de Andalucía al desarrollo de nueva normativa que regule las condiciones publicitarias de las casas de apuestas online y la adaptación de la fiscalidad del sector del juego al marco estatal.
