El secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, ha vuelto a situarse en el lado opuesto del progreso de la ciudad al calificar como “convenio de la vergüenza” el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para ejecutar los accesos a la futura Ciudad de la Justicia.
Unas declaraciones que, además de ser profundamente injustas, muestran un intento evidente de confundir a los vecinos sobre una inversión estratégica que abrirá la puerta a nuevas actuaciones autonómicas y estatales en Marbella.
El convenio, firmado por la alcaldesa Ángeles Muñoz junto a los consejeros José Antonio Nieto (Justicia, Administración Local y Función Pública) y Rocío Díaz (Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda), permitirá que el Ayuntamiento financie la construcción de los accesos necesarios para habilitar los terrenos donde se levantará el nuevo Palacio de Justicia de Marbella, con una inversión municipal de 19,7 millones de euros.
Sin embargo, lejos de tratarse de un “regalo” —como pretende hacer creer Bernal—, este acuerdo es la pieza clave que permite a la Junta de Andalucía iniciar las obras del complejo judicial y obliga al Gobierno de España a activar también sus propios compromisos en materia de seguridad, como la nueva Comisaría de la Policía Nacional y las dependencias de la Guardia Civil, cuya cesión de parcelas municipales lleva años realizada.
La Junta de Andalucía ya avanza en paralelo las obras de la Ciudad de la Justicia
Durante su visita a Marbella, el consejero José Antonio Nieto anunció que la Junta ya ha licitado el estudio de implantación y el proyecto técnico del futuro Palacio de Justicia, de manera que las obras puedan iniciarse en paralelo a la ejecución de los accesos municipales.
El objetivo —según detalló Nieto— es que ambas actuaciones concluyan de forma prácticamente simultánea en 2029, garantizando que Marbella cuente al fin con unas instalaciones judiciales modernas, funcionales y acordes a la dimensión del municipio.
La consejera Rocío Díaz, por su parte, subrayó que este acuerdo “representa un paso decisivo para la ejecución de una infraestructura muy esperada en la ciudad” y agradeció la “colaboración institucional ejemplar” del Ayuntamiento de Marbella para hacerla posible.
De este modo, mientras el Ayuntamiento cumple y desbloquea los trabajos previos, la Junta avanza en su propio cronograma de obras, demostrando que la colaboración entre administraciones sí da resultados cuando hay voluntad política y gestión eficiente.
Una inversión que fuerza a las administraciones a cumplir con Marbella
El acuerdo de los accesos no solo garantiza la construcción del nuevo Palacio de Justicia, sino que genera una obligación indirecta al Gobierno central, que deberá dar respuesta al entorno institucional y de seguridad que se configurará en la zona.
“Hay que ser muy corto de miras para decir que esto es un regalo, cuando precisamente es lo que obliga a otras administraciones a invertir y cumplir con Marbella”, señalan fuentes municipales.
La actuación permitirá dotar a Marbella de un nuevo eje institucional que reunirá servicios judiciales, dependencias de seguridad y equipamientos públicos esenciales, generando empleo, inversión y cohesión urbana en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento del municipio.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin ejecutar los proyectos comprometidos en materia de seguridad, a pesar de las reiteradas cesiones y gestiones realizadas por el Ayuntamiento para facilitar su desarrollo.
El PSOE se queda sin discurso ante los hechos
La realidad es clara: la Junta de Andalucía cumple, el Ayuntamiento impulsa y el Gobierno de España sigue paralizado.
Frente a esta evidencia, las declaraciones de Pepe Bernal solo demuestran una falta de visión y de compromiso con el futuro de Marbella, al atacar un proyecto que beneficiará directamente a los ciudadanos y que por fin pondrá en marcha equipamientos que llevan más de una década esperando hacerse realidad.
