Marbella 3 de enero de 2026. La primera gran operación inmobiliaria del socialista hoy detenido, Vicente Fernández Guerrero, se remonta a 2019, el mismo año en el que desembarca en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) impulsado directamente por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No fue una adquisición menor ni casual: compró una vivienda de alto nivel en la urbanización Jardines de Don Carlos, en Elviria, uno de los enclaves residenciales más exclusivos y cotizados de Marbella, conocido por su proximidad a la playa, seguridad, zonas ajardinadas premium y un perfil vecinal de alto poder adquisitivo.
Según la documentación que ha trascendido, el precio declarado en la compra fue de 495.000 euros. Sin embargo, expertos del sector inmobiliario consultados sitúan el valor real de mercado de ese inmueble en 2019 entre 850.000 y 1.000.000 de euros, basándose en la tipología de la vivienda, metros cuadrados, calidades, ubicación exacta dentro del complejo y comparativas con operaciones similares cerradas en el mismo periodo. La diferencia patrimonial superaría así los 500.000 euros, una brecha que los investigadores consideran difícilmente justificable con los ingresos oficiales del detenido.
Esta compra no es un hecho aislado: se trata del primer hito de un incremento patrimonial acelerado que ahora analiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una investigación que indaga en posibles delitos vinculados al origen de los fondos y a las condiciones reales de la transacción. La cronología llama poderosamente la atención: Fernández accede a un puesto clave en el sector público y, casi de inmediato, adquiere un inmueble de lujo en una de las urbanizaciones prime de la Costa del Sol por un importe muy inferior al precio estándar de la zona.
En Marbella, donde el mercado inmobiliario de áreas premium como Elviria y Jardines de Don Carlos destaca por su transparencia y trazabilidad, las diferencias de valoración tan pronunciadas son inusuales y despiertan interrogantes inmediatos. La urbanización, además, no es un enclave de oportunidad ni de depreciación, sino un referente histórico de residencial premium, con valores altos incluso antes del actual auge inmobiliario.
La operación choca frontalmente con el discurso que el PSOE proyectaba públicamente en 2019, centrado en la “vivienda asequible”, la “regulación del mercado”, la “protección de las clases medias” y la “transparencia en el sector público”. Hoy, a la vista de los datos, esa narrativa política contrasta con los hechos: no se cuestiona la compra de una vivienda de lujo en sí misma, sino haberlo hecho presuntamente por casi la mitad de su valor real, justo tras acceder a un puesto estratégico del Estado.
La pregunta que sobrevuela el caso es clara:
¿Cómo puede un alto cargo socialista comprar en una de las urbanizaciones más caras de Marbella a un precio tan alejado del mercado real?
Mientras la investigación judicial avanza, el PSOE, por el momento, guarda silencio. Un silencio que, a la vista del primer peldaño patrimonial del caso, empieza a resultar tan llamativo como la propia operación que hoy está bajo escrutinio judicial.
