El Ayuntamiento de Marbella se ha visto forzado a aplicar una mínima subida en la tasa de residuos por exigencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que amenaza con sancionar a los municipios que no cumplan con sus nuevas directrices tributarias. Así lo ha denunciado en el Pleno el concejal de Hacienda, Félix Romero, quien ha dejado claro que “jamás hubiéramos tocado la tasa de basuras si no nos hubiesen obligado”.
Romero explicó que España arrastra un grave incumplimiento en materia medioambiental y de gestión de residuos, una competencia estatal que el Ejecutivo central no ha sabido gestionar, y que ahora traslada a los ayuntamientos mediante una orden de la propia Dirección General de Tributos, firmada por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
En ella se establece la obligatoriedad de crear una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, bajo la advertencia de que, si el Reino de España fuera sancionado por la Unión Europea, la multa se repercutiría directamente a los municipios que no hubieran implantado dicha tasa.
“Esta tasa no la imponemos nosotros, la impone Sánchez, y nos vemos obligados a cumplir la ley para no ser castigados injustamente”, subrayó Romero, recordando que el Ayuntamiento ya tenía perfectamente estructurado el servicio de residuos y cubierto su coste con cargo al presupuesto municipal.
Una ordenanza “no querida”, pero justa y contenida
El concejal destacó que desde el área de Hacienda, junto con la delegación de Limpieza y RSU dirigida por Diego López, se ha trabajado intensamente para modular el impacto de la nueva ordenanza y proteger a las familias.
El resultado es una subida mínima, muy inferior a la que están sufriendo otras ciudades del país:
• Una vivienda en el casco antiguo pagará solo 5 euros más al año.
• Un chalet en casco urbano pagará 25 euros más al año.
“Nada que ver con las subidas generalizadas que hemos visto en otros municipios, gracias al esfuerzo de los técnicos municipales”, señaló Romero, agradeciendo especialmente el trabajo del técnico Carlos Almecija, el director general Mario Callejón y el tesorero municipal, bajo la supervisión directa de la alcaldesa Ángeles Muñoz.
La nueva ordenanza mantiene la estructura tarifaria pero introduce criterios modernos y sostenibles, diferenciando el coste fijo del servicio y el coste variable ligado al volumen de residuos generados.
Además, incluye a las viviendas turísticas, que tendrán un recargo por habitación, y prevé bonificaciones y reducciones futuras en función del reciclaje por distritos y las buenas prácticas de los negocios locales.
El castigo del Gobierno: 7,7 millones retenidos
Durante su intervención, Romero recordó además que la falta de Presupuestos Generales del Estado impide a los ayuntamientos destinar sus superávits a inversiones locales, lo que en el caso de Marbella supone una pérdida directa de 7,7 millones de euros.
“Mientras nosotros cumplimos, el Gobierno de Sánchez nos castiga: nos priva de nuestro dinero y lo destina a sus caprichos, desde el Falcon hasta la finca de La Mareta o las cátedras de la señora del presidente”, denunció.
El concejal explicó que, con la reactivación de las reglas fiscales, el Estado obliga a los municipios cumplidores a pagar deuda en lugar de invertir en obras públicas, en una maniobra que “sirve para maquillar el déficit del Gobierno central a costa del esfuerzo municipal”.
El PSOE local, del silencio a la complicidad
La sesión plenaria dejó también la incredulidad ante la intervención de la concejal socialista Isabel Pérez, quien, pese a ser diputada nacional y conocer la situación, defendió las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez, negando la evidencia y dando la espalda a los intereses de Marbella.
“Es incomprensible que quien representa a Marbella en el Congreso se alinee con una decisión que perjudica directamente a sus vecinos”, lamentan fuentes municipales.
Cumplir la ley, pero con responsabilidad
El Ayuntamiento de Marbella ha reiterado que esta medida no es una decisión política, sino una imposición legal del Gobierno de España, y que se aplicará de la forma más justa y contenida posible, garantizando la sostenibilidad del servicio y el cumplimiento normativo.
“Cumpliremos la ley, pero con dolor y con conciencia de la injusticia que supone para Marbella y San Pedro”, concluyó Félix Romero.
