La “muralla de hierro” que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto en la AP-7 se ha convertido en un símbolo del distanciamiento del Ejecutivo socialista respecto a Marbella. Las pantallas metálicas, de estética industrial y levantadas sin consenso, han irrumpido como un muro artificial que rompe vistas, oscurece el entorno y deteriora la imagen del litoral. Para muchos vecinos, la intervención refleja la forma en la que el PSOE actúa en la Costa del Sol: sin sensibilidad urbanística y sin tener en cuenta el modelo turístico que sostiene la economía local.
Esta actuación se suma al precedente más controvertido del Gobierno de Sánchez: el proyecto de parque eólico marino en el Mar de Alborán. El plan, que contemplaba decenas de aerogeneradores gigantes visibles desde las playas de Marbella, generó una reacción inmediata del Ayuntamiento, del sector turístico, de la pesca artesanal y de colectivos ciudadanos. El impacto visual habría sido enorme y la oposición social obligó al Ejecutivo a silenciar mediáticamente la iniciativa.
Aunque quedó fuera del foco, el proyecto nunca ha sido retirado por el Gobierno socialista. Sigue registrado en los planes del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que mantiene la preocupación de que el PSOE pueda retomarlo en cualquier momento. Marbella teme que, mientras no se archive de forma definitiva, la amenaza de llenar el horizonte de molinos continúe latente.
La combinación de ambos episodios ha reforzado la sensación de que el Gobierno de Sánchez prioriza decisiones invasivas y de fuerte impacto visual antes que las necesidades reales del municipio. Marbella sigue reclamando la liberación de la AP-7, mejoras en movilidad y protección de su paisaje, mientras el Ejecutivo socialista impulsa proyectos que, según la ciudad, afean su imagen y dañan su principal activo: su identidad turística.
