El fuerte temporal de mar registrado este fin de semana ha vuelto a evidenciar una realidad que Marbella arrastra desde hace años: la absoluta falta de compromiso del Gobierno de España con la protección y regeneración de su litoral. Las playas de La Bajadilla, varios tramos de Las Chapas y zonas especialmente sensibles de Nueva Andalucía han sufrido importantes daños como consecuencia del intenso oleaje, dejando una estampa que se repite cada vez que el mar se embravece.
Unos daños que, según vienen advirtiendo técnicos y expertos desde hace tiempo, serían en gran medida evitables si la ciudad contara con los espigones proyectados y anunciados hace ya más de siete años. Una infraestructura clave para estabilizar las playas, frenar la pérdida de arena y proteger un litoral que es esencial tanto desde el punto de vista ambiental como económico.
Desde entonces, el Partido Socialista y los distintos gobiernos encabezados por Pedro Sánchez han ido acumulando promesas incumplidas. Primero fueron los informes pendientes, después las supuestas trabas ambientales, más tarde los anuncios de licitaciones inminentes y, finalmente, el silencio. Lo cierto es que las obras nunca han comenzado y, lo que es más grave, no existen partidas presupuestarias claras y suficientes en los Presupuestos Generales del Estado que respalden una voluntad real de ejecutar los espigones.
Mientras tanto, Marbella continúa pagando las consecuencias. Cada temporal supone la pérdida de arena, daños en infraestructuras costeras y un deterioro progresivo de playas que son uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. Un problema estructural que no puede seguir abordándose con parches ni actuaciones puntuales, sino con una solución definitiva que el Estado sigue sin ejecutar.
La situación contrasta con la de otros puntos del litoral español donde sí se han impulsado actuaciones similares. Una comparación que refuerza la sensación de abandono y castigo político hacia Marbella por parte del Gobierno central, que sigue relegando una reivindicación histórica pese a su impacto directo en el empleo, el turismo y la economía local.
En este contexto, resulta especialmente llamativo el silencio de la diputada nacional por Málaga y concejala socialista en Marbella, Isabel Pérez. Pese a ostentar representación institucional en el Congreso, no se le conoce una defensa firme y pública de esta infraestructura clave para la ciudad. No hay exigencias visibles a su propio partido ni presión política efectiva para desbloquear un proyecto que afecta de lleno a los intereses de Marbella.
La pregunta surge de forma inevitable: ¿por qué no se reclama con contundencia lo que Marbella necesita? ¿Por qué se acepta como normal que pasen los años sin que se materialicen compromisos adquiridos reiteradamente?
Mientras el Gobierno de España sigue sin actuar, el Ayuntamiento de Marbella vuelve a asumir en solitario la respuesta inmediata, movilizando medios municipales para reparar daños y garantizar la seguridad del litoral tras cada episodio de temporales. Una respuesta necesaria, pero insuficiente ante un problema cuya solución depende exclusivamente del Estado.
Marbella no necesita más anuncios ni más excusas. Necesita hechos, inversiones y obras ejecutadas. Cada temporal sin espigones no es solo un fenómeno natural: es la consecuencia directa de siete años de inacción política.
