Uno de los lemas más repetidos por los partidos que hoy forman el equipo de Gobierno ha sido el de contar con ‘paredes de cristal’ en alusión a la transparencia por la que se iba a caracterizar su gestión al frente del Ayuntamiento, una intención que no parece que se esté ejecutando como tal después de la resolución dictaminada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Málaga, que concluye en dos sentencias que el equipo de Gobierno “conculca uno de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española”, esto es la vulneración del derecho de la oposición a acceder a la información relativa a la gestión pública. La primera de las sentencias dictadas por el tribunal está referida a una denuncia presentada por el edil popular Baldomero León relativa a la creación del órgano de Sugerencias y Reclamaciones para conocer su proceso y formación, y también para acceder a la información que atañía a la figura del Defensor del Ciudadano, cesado en septiembre de 2015. Los populares querían conocer sí mientras se gestionaba la puesta en mecha de esta comisión, algún personal del Ayuntamiento podía asumir las funciones del Defensor del Ciudadano, una representación de la que actualmente, un año después, los vecinos siguen careciendo. Para el concejal del PP Félix Romero, la ausencia de esta figura supone la eliminación de “otra voz crítica que desaparece del organigrama del equipo de Gobierno”.
Irene Catalán
La segunda de las sentencias, también dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Málaga tras un recurso presentado por el concejal José Eduardo Díaz, comprende la petición de acceso y copia a la información relativa al proceso de contratación de diverso personal en el Ayuntamiento, como limpiadoras, conserjes o auxiliares de bibliotecas, entre otros. Estos puestos se enmarcaban en un Plan de Contratación del Ayuntamiento que se aprobó el 21 de agosto de 2015 en Junta de Gobierno urgente y extraordinaria, lo que derivaba en que la oposición no contara con la documentación relativa a este asunto.
El tribunal concluye también que se conculca el derecho del concejal recurrente a dicha información. “Nosotros no hemos tenido en ocho años ni una sola condena por denegar la información a miembros de la oposición”, indicaba Romero, al tiempo que subrayaba que estas dos sentencias ponen de manifiesto el “oscurantismo y falta de transparencia” del equipo de Gobierno en su casi año y medio al frente del Ayuntamiento.
Estas dos sentencias de las que hoy Romero daba cuenta forman parte de los cerca de 30 procedimientos presentados por los populares para ejercer su derecho de acceso a la información, de los que más de la mitad cuentan con el escrito favorable del Ministerio Fiscal. De hecho, no piensan quedarse de brazos cruzados, y si el equipo de Gobierno continúa con esta tónica “y nos sigue denegando nuestro derecho, no nos temblará la mano en acudir a la vía Penal”, avisaba hoy Romero, para quien estas dos resoluciones del tribunal suponen “poner negro sobre blanco como este equipo de Gobierno conculca los derechos de los ciudadanos, conculca los derechos de los concejales y conculca la legalidad vigente para ocultar su inactividad y para ocultar que no cumplen con su obligación”.
