El nuevo expediente de licitación de las 135 parcelas de hamacas en las playas del término municipal de Marbella ha revelado la distribución real de los ingresos derivados de esta actividad turística. Los datos muestran que la mayor parte de lo que se recauda no se queda en la ciudad, sino que se transfiere al Gobierno central a través del canon por ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Como consecuencia de la presente licitación, el canon a obtener por el Ayuntamiento por todos los lotes de hamacas con carácter anual oscila a la cantidad de 1.495.354,8€, si bien un mínimo de 1.231.161,10€ ira a las arcas del Estado.
En concreto, el 82,33% de los importes que pagan los adjudicatarios de los lotes va a parar a las arcas del Estado, mientras que solo un 17,66% queda en manos del Ayuntamiento de Marbella. Esta proporción se establece porque el Ministerio para la Transición Ecológica calcula el canon en función de la superficie ocupada y del precio de alquiler de cada hamaca, de acuerdo con la circular de febrero de 2025 de la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo.
Durante el año 2024, la cantidad total abonada al Estado por este concepto ascendió a 1.231.161,10 euros, con cánones que variaban desde apenas 400 euros por parcelas pequeñas de 40 m² en Río Verde hasta 50.160 euros por parcelas de 600 m² en Nagüeles. Esta recaudación refleja no solo la relevancia de la actividad, sino también la fuerte dependencia que tienen los ayuntamientos de las decisiones de la Administración central en materia de concesiones de playa.
La distribución de ingresos pone de relieve un debate necesario sobre si la aportación local, en términos de limpieza, socorrismo, mantenimiento y servicios, justifica que el reparto de lo recaudado se revise en favor de los ayuntamientos, que son los que asumen gran parte de los costes para que estas explotaciones turísticas puedan funcionar.
