La diputada nacional del PSOE y concejala en Marbella, Isabel Pérez, ha protagonizado una de las votaciones más polémicas de la jornada en el Congreso tras posicionarse en contra de una iniciativa que pretendía impedir que personas condenadas por terrorismo de ETA pudieran trabajar en entornos educativos con menores.
Marbella, 22 de marzo de 2026. La propuesta, impulsada por el diputado de UPN Alberto Catalán, buscaba introducir un requisito específico en el acceso al empleo público: que aquellos condenados por delitos de terrorismo no pudieran ocupar puestos con contacto habitual con menores de edad, como ocurre en colegios o institutos.
Sin embargo, el PSOE, junto a sus socios parlamentarios, votó en contra de esta modificación legal, cerrando así la puerta a incorporar este límite en el Estatuto Básico del Empleado Público.
La votación ha tenido un eco inmediato en Marbella, donde Isabel Pérez no solo ejerce como diputada nacional, sino también como concejala. Su decisión ha generado críticas en distintos sectores que consideran que este tipo de medidas deberían contar con un amplio consenso, especialmente cuando afectan a la protección de menores.
Durante el debate parlamentario, Alberto Catalán fue contundente al plantear la cuestión:
“¿De verdad queremos que un terrorista de ETA esté formando a menores de edad?”
El diputado navarro defendió que la propuesta contaba con respaldo jurídico suficiente, al apoyarse en el principio de protección del menor recogido en la legislación vigente.
Desde el PSOE, la postura fue defendida por la diputada Adriana Maldonado, quien argumentó que su grupo se basa en el artículo 25.2 de la Constitución, que establece la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social.
Maldonado acusó a los promotores de la iniciativa de “querer dividir a la sociedad” y de centrar el debate en el pasado, en lugar de apostar por el futuro.
Las críticas no se hicieron esperar. El diputado del Partido Popular Carlos García Adanero respondió con dureza, señalando que la decisión del PSOE responde a sus alianzas parlamentarias:
“Ustedes le deben el Gobierno a Bildu, eso es lo que les ha hecho cambiar”.
Además, planteó una reflexión directa sobre el impacto social de este tipo de decisiones:
“¿Es normal que alguien que ha vivido amenazado lleve a sus hijos al colegio y quien les dé clase sea quien justificaba o participaba en el terrorismo?”
La votación no modifica la legislación actual, pero sí deja claro el posicionamiento de los grupos parlamentarios en una cuestión especialmente sensible. En el caso de Marbella, el voto de Isabel Pérez sitúa a la diputada en el centro del debate político local, al evidenciar las decisiones que adopta en Madrid en representación de los ciudadanos.
Mientras tanto, el debate sobre los límites de la reinserción y la protección de los menores sigue abierto, con posturas cada vez más enfrentadas entre los distintos grupos políticos.
