El cambio en Andalucía ya es una realidad y no sólo de nombres, sino también de políticas. A la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y al inicio de los trámites para elaborar una ley y constituir una oficina contra el fraude y la corrupción, se suma la reducción del número de altos cargos de la administración autonómica, que disminuye hasta en un 12 por ciento.
En el día de ayer el Consejo de Gobierno andaluz aprobó la estructura territorial de la Junta en las ocho provincias andaluzas. El nuevo organigrama, que modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, se compone de ocho delegados del Gobierno y un subdelegado en el Campo de Gibraltar, a los que se suman seis delegados territoriales por provincia. En la anterior legislatura el número de delegados territoriales era de siete por lo que se pasa de 65 centros directivos a 57.
El nuevo diseño de la estructura periférica reduce en un 12 por ciento los altos cargos y apuesta por una simplificación para hacerla más eficiente y operativa, algo que será una constante en la gestión del Ejecutivo y que se verá reflejado una vez que se complete la organización de los servicios centrales de la administración.
Las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son la primera autoridad de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia. En el nuevo organigrama integrarán los servicios periféricos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
