Marbella quiere cerrar su etapa más negra, la de la corrupción del gilismo, recuperando los bienes que le fueron expoliados. Un objetivo hacia el que hoy se ha dado un paso importante en el Pleno, convocado con carácter extraordinario, en una jornada en la que todos los grupos han coincidido en catalogar como “histórica” y en la que se ha aprobado por unanimidad una batería de propuestas que tienen como fin recuperar más de 30 millones de euros en bienes y fondos económicos procedentes de procesos judiciales por corrupción con sentencia firme.
Unas propuestas que han podido salir adelante después de que se aprobasen de forma definitiva los presupuestos generales, elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy, y en los que la alcaldesa de Marbella negoció la inclusión de una disposición que permitiesen que los bienes embargados y las multas procedentes de estos procesos revirtiesen directamente en la ciudad sin que se tuviesen que destinar al pago de la deuda que el municipio tenía y que superaba los 500 millones de euros.
La primera propuesta que ha recibido el visto bueno ha sido la relativa a la aplicación para el pago de servicios públicos de los casi 14 millones de euros procedentes de uno de los juicios de Roca. “Irán destinados a servicios públicos y a la construcción de equipamientos en un proceso que queremos que salga del consenso y de la participación de los vecinos y grupos municipales”, destacó la alcaldesa.
En relación con este proceso también se ha aprobado una propuesta que permitirá a Marbella recuperar cinco fincas del que fuese cabecilla de la trama de corrupción que azotó a la ciudad. Se trata de la finca de La Caridad, con una superficie de 81.00 metros cuadrados y valorada en 5’7 millones de euros; el Helipuerto, de 13.812 metros cuadrados y valorado en 769.539 euros; la finca junto al Hospital Costa del Sol, que cuenta con una superficie de 10.336 metros cuadrados y 3,3 millones, la Finca Siete Corchones, con 123.700 metros cuadrados y 1,6 millones, y por último, la parcela de terreno en Cascada de Camoján, con una superficie de 6.670 metros cuadrados.
En total estos bienes, que estaban embargados, suman una superficie de más de 230.000 metros cuadrados y hacen frente a un total de 42 sentencias firmes a favor del Ayuntamiento que llevaban aparejadas sanciones por valor de 334 millones de euros. Unos espacios que irán destinados a equipamiento público.
Los diferentes grupos políticos también han aprobado por unanimidad la solicitud para la subasta y venta de dos inmuebles, uno en el edificio Poseidón, de 535 metros cuadrados, y otro en la urbanización Alzambra, de 447 metros cuadrados, y valorados ambos en 4 millones de euros. “El objetivo es que estos fondos se destinen el Plan Municipal de la Vivienda, una iniciativa muy ambiciosa que nos permitirá más viviendas sociales, un plan de alquiler para jóvenes y promociones de protección pública”, ha destacado la primera edil.
El último de los puntos tratados se deriva también de lo contemplado por el documento económico nacional que posibilitaba la firma de un convenio con el Ministerio de Hacienda “para que las multas y pagos a favor del Estado puedan venir a Marbella”. En virtud de este convenio el municipio podrá recuperar 3’6 millones de euros que se destinarán al fomento del empleo en la ciudad entre aquellos colectivos más afectados por el desempleo.
