La sección 2ª de la Audiencia de Málaga ha condenado al ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y a otros dos acusados por el conocido como caso ‘Minutas 2’, por el que el Ayuntamiento de Marbella cometió distintas irregularidades en sus encargos para servicios de asesoramiento. En la sentencia se condena a Julián Muñoz por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos a seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público. Condenan por los mismos delitos al que fuera secretario de la sociedad municipal desde la que se abonaban los pagos, que fueron “satisfechos con base en recibos de cantidades en los que no se hizo constar dato alguno sobre los actos profesionales realizados, con una ausencia de materialización y de concreción de los resultados de la actividad que se remunera con fondos públicos más allá de una justificación meramente formal de estos pagos mediante la emisión de las minutas correspondientes”. Al exsecretario de la sociedad municipal le condenan a un año y ocho meses de prisión y seis años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Por su parte, el tribunal también ha condenado a una letrada que emitía minutas a la sociedad municipal sin tener ninguna vinculación con dicha sociedad por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos a dos años prisión y tres años de inhabilitación. En los tres casos concurren la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño.
Además, en concepto de responsabilidad civil tendrán que abonar al Ayuntamiento de Marbella más de cuatrocientos mil euros.
El tribunal absuelve a dos acusados, ex concejales de Hacienda, de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, de los que fueron acusados, ya que “no se ha acreditado en juicio, que los concejales delegados de Hacienda acusados, cooperasen con los acusados en connivencia con los mismos para que mediante la firma de los correspondientes decretos, ordenando y autorizando los pagos del Ayuntamiento a la Sociedad Control de Servicios Locales S.L., se lucraran de forma ilícita, en perjuicio del erario público”.
