El concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista Manuel García ha lamentado hoy la política de externalizaciones de personal y servicios que vuelve a aplicar el Partido Popular en la gestión municipal, tras conocerse que tiene previsto privatizar la administración de cuatro instalaciones deportivas, por valor de más de tres millones de euros. García ha recordado que desde el PSOE “siempre hemos apostado por una política de personal basada en la estabilidad laboral y en la eficiencia de los servicios”; y ha puesto de manifiesto que “así lo demostramos mientras estuvimos en el gobierno municipal”.
El edil declaró que “es inexplicable que todavía no se haya puesto en marcha la bolsa de trabajo” que, a juicio del concejal, “es una forma de cubrir puestos mucho más justa ya que los baremos son iguales para todos y se establecen mediante criterios objetivos”.
Ha recordado que esta opción de empleo igualitario, en la que los trabajadores “entran en el Ayuntamiento por la puerta principal, no por la de atrás, como en otras épocas”, ha despertado la ilusión de muchos ciudadanos, que siguen sin saber qué va a ocurrir con su futuro laboral, “puesto en duda por una moción de censura”.
Considera además que tiene “difícil explicación” que, con una plantilla que sobrepasa los 3.000 empleados, los actuales responsables municipales hayan decidido externalizar servicios con un coste de tres millones de euros, algo “por lo que tendrán que responder ante la ciudadanía”.
Al mismo tiempo, recordó que el hecho de que ya se haya puesto en marcha esta privatización está mostrando “cuál es el precio de la moción de censura”, ya que esta era una línea roja que desde el PSOE “no íbamos a sobrepasar”.
Ha lamentado la “incapacidad de gestión” del PP en materia laboral, que siempre recurre a “lo fácil, las privatizaciones, que son una de sus señas de identidad” como ya hizo en épocas anteriores, también en materia deportiva, como es ahora el caso, con las dos piscinas que se construyeron en Miraflores y Fuente Nueva.
Por último, ha recordado que en las externalizaciones “prima un criterio de rentabilidad para las empresas adjudicatarias y no la calidad del servicio que ofrecen”.
