“Lo que hacen es crear una zona de oscuridad, no nos vamos a enterar de qué titularidad tiene cada uno de los propietarios de terrenos de nuestra ciudad, no nos vamos a enterar cuando el propietario de un melonar de Marbella, por medio de alguna conversación, consiga que su parcela se convierta en una parcela de planta baja más cinco”, ese era el ejemplo esclarecedor que el concejal del PP, Félix Romero, ponía sobre la mesa para explicar lo que va a suponer la última medida aprobada en Pleno por el equipo de Gobierno, la derogación del art. 14 del Reglamento Regulador del Registro Público de los Aprovechamientos Urbanísticos. Un texto legal que fue aprobado por el anterior equipo de Gobierno, en 2013, y que según explicó el edil generaba “una obligación legal que establece la publicidad de todos esos aprovechamientos» -que viene a representar lo que cada uno puede construir en su terreno-, ya que, “la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establecía la obligación de mantener un registro público que permitiese saber en todo momento que es lo que puede construir cada titular en su terreno”, motivo que sustentó la elaboración de este reglamento.
B. Sánchez
Al mismo tiempo este texto normativo se convertía en un instrumento que eludía la creación “de una zona de oscuridad que permitiese jugar con las recalificaciones urbanísticas que, en definitiva, son los incrementemos ilícitos de aprovechamiento de terrenos”, explicó Romero.
Desde el equipo de Gobierno actual se asegura que ese artículo entra en colisión con la protección de datos en base a dos requerimientos realizados desde la administración encargada de la materia, algo, que Félix Romero ha desmentido aportando la documentación del ente administrativo. El primer requerimiento, con fecha de 27 de abril, “pide que se modifiquen algunos aspectos”, un cambio que realizó la formación popular y que llegó a aprobarse en Junta de Gobierno aunque nunca llegó a ser remitido a la oficina de Protección de Datos.
El segundo requerimiento se produce en noviembre del pasado año, ya con el tripartito en el poder, y según apuntó el popular “se dice que no se ha mandado esa modificación”. En ningún momento, a tenor de lo expresado por Romero se establece la derogación como opción, una medida que aparece ya en un informe del propio área de Urbanismo con fecha de junio de este año.
“Dos requerimientos que no dicen que haya que derogar, que tampoco dice que el responsable sea el alcalde; dice que se modifique ese artículo y que no se les ha remitido la modificación”, apuntó el edil, quien señaló que esas modificaciones vendrían en orden a modificar “el tratamiento de datos”, para incluir un sistema “mixto”, además de “incluir la posibilidad de que estén a disposición de los juzgados”.
Sin embargo, la decisión adoptada por el tripartito “significa que ya no hay registro informático, no hay responsable de la información urbanística, no hay posibilidad de acceder tampoco los tribunales a las modificaciones que se puedan dar en los aprovechamientos urbanísticos de cada una de las parcelas”.
UN MOMENTO DELICADO: LA ELABORACIÓN DEL PGOU
Romero llamó especialmente la atención sobre el hecho de que esta decisión se produzca justo en el momento en el que se está tramitando la elaboración de un nuevo PGOU, se produce “una situación de oscuridad porque es el momento en el que se empieza a tramitar la regulación de un nuevo PGOU, en el que se va a hablar, lógicamente, de las modificaciones de aprovechamientos de cada uno de los propietarios en nuestro municipio”.
“El equipo de gobierno, elabora una propuesta donde, amparándose en dos requerimientos que, según la literatura que ellos plantean, parecen ser requerimientos que obligan a derogar el artículo donde se establece la responsabilidad sobre el archivo urbanístico” y que en la práctica supone que “desaparezca la persona responsable” de ese fichero, algo que para el edil supone “la práctica derogación del reglamento”
Un nuevo tablero de juego en el que “el equipo de Gobierno puede utilizar los datos a su libre albedrío sin que nadie pueda contrastarlos, usarlos como arma política”, generándose así “una situación de oscuridad y opacidad en el Urbanismo el momento en que más luz necesitamos en el Ayuntamiento”.
