Francisca Caracuel, concejal del Partido Popular, compareció en rueda de prensa para explicar la fundamentación jurídica de los expedientes prescritos, un total de cinco, anunciados a bombo y platillo por el Ejecutivo local que buscaron de nuevo sembrar la duda sobre la gestión del anterior equipo de Gobierno. Así, Caracuel ha apuntado a la sostenibilidad de la pretensión de estos casos, un concepto jurídico que viene a sustentar la posibilidad de que un pleito llegue a buen puerto y termine siendo favorable frente a la posibilidad de que este sea perdido. Un argumento que, según señaló la popular, fundamenta también el anuncio del tripartito en Junta de Gobierno de no recurrir una resolución desfavorable para el Ayuntamiento en el caso de un arquitecto local. “Ese mismo análisis está haciendo el equipo de Gobierno en otros temas”, señaló la edil, que añadió que en el caso del arquitecto se trata de “un expediente de 500.000 euros que no lo van a recurrir porque entienden que va a perder el Ayuntamiento”.
B. Sánchez
“Eso es lo que ha sucedido en los análisis que se hacen desde asesoría jurídica por estos temas”, referenció en relación con los expedientes urbanísticos que el tripartito señaló había dejado prescribir el anterior Ejecutivo local.
La popular hizo referencia también a la cuestión de quiénes habían realizado ese informe, “creo – se mostró prudente la edil ante los continuos problemas que está teniendo la formación popular para acceder a información municipal- que en ese archivo no hay ningún informe de funcionario municipal, creo, por la información que podemos recabar, siempre tangencialmente, que ha habido que recurrir a algún asesoramiento externo para recomendar que no se recurra esa licencia”.
Fue en octubre de 2015 cuando el Ejecutivo local sacó por primera vez a la palestra este asunto, momento en el cual la formación popular solicitó información al respecto sin que hasta el momento hayan obtenido ningún tipo de respuesta, según informó Caracuel.
EXPEDIENTES DE 2002, 2003 Y 2004
En relación con los expedientes urbanísticos, señaló la edil que lo que esos informes recogían, es que “se explica qué contienen esos expedientes”, apuntando que “la incoación contiene numerosos defectos de forma y concluyendo con que hubieran sido desestimados”. “Son expedientes de 2002, 2003 y 2004, es decir, llevan unos años cuando este equipo llega en el 2007 al Gobierno, algunos a punto de prescribir porque equipos anteriores no habían hecho nada, pero lo cierto es que la mayoría de los expedientes estaban siquiera sin tocar desde que se dio la licencia”.
“Más de 4 millones corresponden a cuatro edificios de la zona de Las Albarizas, hay dos expedientes, sólo se había notificado a un solo comunero, eso hubiera bastado para perder el procedimiento”, explicó la edil.
Una posibilidad de reclamación que sin embargo ahora está en manos del actual equipo de Gobierno, a tenor de lo apuntado por Caracuel, tras la anulación del PGOU por el Tribunal Supremo, “la situación ha cambiado porque el Plan de 2010 ya no existe. ¿Qué van a hacer ahora?, cuestionó la edil, “lo que antes se ha legalizado hoy ya no lo hace, eso no prescribe, ¿qué piensa hacer ahora el equipo de Gobierno?, ellos tienen ahora la oportunidad de reclamar esas actuaciones.
UN ÁREA JURÍDICA COLAPSADA CUANDO LLEGÓ EL PP
Al poco tiempo de maniobra que le quedaba al PP en estos expedientes, cuyas fechas datan de 2002, 2003 y 2004, y que prescribían a los cuatro años, según lo apuntado por Caracuel, se suma que la llegada de la formación azul al Ayuntamiento estuvo marcada por un área jurídica municipal colapsada que tenía que hacer frente al cúmulo de expedientes sin tramitar de años anteriores al mismo tiempo que tenía que empezar a estudiar las pretensiones jurídicas del Consistorio en los casos de corrupción destapados tras la era GIL.
Así, la edil popular señaló que en 2007 tuvieron que proceder a la creación del departamento de Disciplina Urbanística y a reforzar el área jurídica, “hubo que crear una unidad especial para tratar el caos judicial con los juzgados, sobre todo en el ámbito penal”. “Cuando llegamos tuvimos que ir desde el caos a la legalidad”, destacó la edil quien hizo un breve análisis de la gestión del área jurídica del Consistorio durante el mandato del PP.
“La asesoría jurídica se dedicó a llevar adelante los más de 1.000 procedimientos contenciosos que hay durante estos años, a personarnos y pelear hasta el último año en los expedientes penales, más de 200, en los más de 40 expedientes del Tribunal de Cuentas y todo sin contar los laborales y civiles”.
En este orden señaló que “se han conseguido condenas por un importe de 268 millones de euros de los que empezaremos a pedirles cuentas de que está haciendo este equipo de Gobierno”, y es que la edil apuntó que entre ellos está el caso de una “muy importante que recae sobre los herederos del señor Gil de más de 100 millones de euros”, así preguntó la edil si desde el tripartito se estaba actuando con la diligencia debida, ¿están siguiendo las gestiones necesarias para hacer realidad la ejecución de esa sentencia?.
El Consistorio también habría ganado pleitos por más de 97 millones, “pleitos en los que el Ayuntamiento era demandado, la mayoría por incumplimiento de convenios”.
Unas gestiones desde el área jurídica que han seguido dando sus frutos “en los últimos tres meses se ha ganado un pleito del anterior equipo de Gobierno por 9’8 millones, otra de 2’4, otra de 3, hay algo más de 15 millones y la relación no es exhaustiva”.
Una labor desarrollada por la anterior Corporación que “no cuenta” el actual Gobierno municipal, “lo único que vale es la prescripción”, lamentó la edil.
