Manuel Fernández Valdivia, miembro “independiente” de la comisión de Investigación municipal sobre el Deslinde entre Benahavís y Marbella, ha lamentado la “falta de cultura y formas democráticas” en la forma de proceder para la constitución de la misma remitiendo para ello un comunicado de prensa en el que analiza lo vivido durante la reunión. Así, apuntó que a prisa, corriendo, sin información, orden del día, ni personal técnico municipal, varias ciudadanas y ciudadanos de San Pedro Alcántara y Marbella, fuimos convocados a participar en la que, en principio sería la primera Comisión de Investigación municipal creada en el municipio. En mi caso, como “independiente”, ya que no estoy adscrito ni milito en ninguno de los partidos políticos con representación municipal. Y es que, como bien dice el dicho, “lo que mal empieza, mal acaba”, porque, muy al contrario de lo que posteriormente el Ayuntamiento de Marbella relató por medio de una nota de prensa, la supuesta Comisión de Investigación no fue finalmente constituida.
Hasta instantes previos a la hora en que se nos había citado en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Marbella, no tuve oportunidad de revisar la convocatoria firmada por el Alcalde. Cuál fue mi sorpresa al constatar que el mismo documento emitido por el Presidente de una Comunidad de Propietarios, resultaba mucho más legalmente formal, que el documento llegado a mis manos, emitido por el máximo responsable del Consistorio.
Omisión de la legislación aplicable y, por tanto, de todos los formalismos exigidos por el Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
¿Qué quiere decir esto?
En primer lugar, salvo que existan otras disposiciones al respecto, de acuerdo con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), la designación de los miembros que deban formar parte de la Comisión en representación de cada grupo, debió realizarse mediante escrito del portavoz dirigido al Alcalde, del que posteriormente dará cuenta al Pleno. Asimismo podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular (Artículo 125.c ROF). Recibidos por el Alcalde los escritos de los portavoces, dictará el correspondiente Decreto, nombrando a los miembros de la Comisión con su identificación nominal y la especificación de si son titulares o suplentes.
Según palabras de algunos asistentes, como los concejales del Partido Popular allí presentes, no disponían ni siquiera de la supuesta convocatoria emitida por el Alcalde de Marbella, por lo que, evidentemente, se puede suponer que tampoco habían designado formalmente su presencia en la Comisión.
Seguidamente, lo ideal hubiese sido, notificar a todos los grupos municipales el nombre y circunstancias de cada uno de los componentes de esta Comisión, propuestos, ya que, existe la posibilidad de que exista algún tipo de incompatibilidad, incluso por parte de concejales o el resto de posibles integrantes de la Comisión de Investigación.
En el caso de que ningún grupo hubiese notificado su intención de recusar o solicitar la abstención de alguna o algunas de las personas propuestas, a continuación, el Alcalde, debió proceder con la convocatoria de la primera sesión de la Comisión, que será únicamente constitutiva. En la sesión constitutiva, presidida por el Alcalde y actuando como secretario el Secretario General de la Corporación o, en el supuesto de municipios de gran población, por el Secretario General del Pleno (Artículo 125.a ROF), se acordará dicha constitución y en el supuesto de que el Alcalde quiera hacer uso de la facultad que tiene de poder delegar la presidencia en cualquier miembro de la corporación, a propuesta de la propia Comisión, se procederá a la elección de dicho Presidente.
Miembros de la Comisión
Los asistentes del Partido Popular, mostraron su desacuerdo con la pretensión de que personas no concejales formasen parte de la Comisión de Investigación. O lo que es igual, que los ciudadanos puedan tener acceso al contenido íntegro de las deliberaciones, con voz y voto.
Pues bien, el vacío legal o, mejor dicho, la falta de regulación de los aspectos concretos que rodean una Comisión de Investigación en el seno de una corporación municipal, debería regularse, por asimilación, a los reglamentos ya existentes al respecto en otras instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado u otros parlamentos, como el de Cataluña que, sin contravenir precepto legal alguno, permite la asistencia de personas que no ostentan la condición de representantes electos, con voz y sin voto, con tareas de asesoramiento técnico. Ya sea porque profesionalmente disponen de cualificación específica, o bien, porque son conocedores del asunto bajo criterio del grupo municipal que lo propone.
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Entiendo, pienso y me figuro, que existen materias de especial protección a la hora de acometer cualquier actividad, ya sea por parte de instituciones públicas o privadas, tales como la condición sexual de las personas, sus datos personales, religión o, siguiendo con los ejemplos, sus expediente médicos. No obstante, otros, como las relaciones de hechos, fundados o no, tienen la posibilidad de ser expuestos públicamente, máxime cuando no se está juzgando a nadie y los relatos que puedan ser expuestos, corresponden a la interpretación de documentos ya existentes en los expedientes previos. Y, por supuesto, escapa de estas comisiones de investigación, el estudio de secretos de Estado.
Por ello, me sorprendió tremendamente que se expresara en la reunión que no trascendiera el fallido acto constitutivo del que estábamos siendo testigos. Pregunté el motivo a Francisco Moreno Luna, portavoz designado por Opción Sampedreña (OSP), comunicante de esta circunstancia, al haber estado también en la anterior Comisión de Seguimiento sobre las Mociones Aprobadas por el Pleno Municipal. La respuesta fue que era recomendable no decir nada sobre lo ocurrido, para salvaguardar la buena imagen del Ayuntamiento de Marbella y, por extensión (supongo), del Alcalde, ante la flagrante falta de formalidad a la hora de convocar estas sesiones.
Entiendo, como así respalda la actividad parlamentaria e incluso la judicial que, la discusión y los diálogos que se produzcan en el seno de estas comisiones, deben conocerse y someterse a la observación crítica de los ciudadanos, lo que se consigue a través de la publicidad de los trabajos que se realicen en el seno de las mismas. Hace años sería impensable que el juicio por el Caso Noos fuese retransmitido en directo, como ocurre estos días, a pesar del contenido de las conversaciones y documentos que se exponen, sujetos algunos al secreto en el que se mueven determinados estratos de la jefatura del Estado. Por cierto, cosa que no ocurrió en la televisión local durante el mandato de la ex alcaldesa, María de los Ángeles Muñoz Uriol con el juicio del Caso Malaya. Ni en directo, ni en “diferido”.
En todo caso, y aunque finalmente el alcalde decretara que la Comisión no sea pública, no quiere decir que sean secretas y, por tanto, deberían asistir los medios de comunicación social con los medios de grabación que estimen oportunos.
Choca también en este punto que el Ayuntamiento de Marbella no invitara a los medios de comunicación locales para que pudieran asistir a la constitución de estas comisiones, sobre todo porque la primera sesión era simplemente constitutiva.
Y es que, también por asimilación, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece el carácter público de las sesiones del Pleno, aunque puedan ser secretas el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, por tanto, una comisión de Pleno como estas, igualmente pueden ser públicas.
En ocasiones, por falta física de espacio en el salón de juntas, la presencia de cualquier ciudadano o ciudadana pueda ser difícil. Precisamente por ello, deben ser completamente abiertas para los medios de comunicación, pudiendo reproducir en directo o diferido el contenido de las sesiones.
Documentación
Otro de los aspectos que me llamaron poderosamente la atención fue la falta absoluta de documentación, que debía estar a disposición de todos los asistentes, tales como:
Certificación del Acta de Pleno en el que fue aprobada la creación de la Comisión de Investigación.
Legislación aplicable.
Expedientes de deslinde y/o segregación obrantes en el Ayuntamiento de Marbella al respecto de la zona afectada.
Informe del Secretario Municipal sobre la misma Comisión, sus atribuciones, duración, componentes, naturaleza jurídica, objeto de la investigación, régimen de las comparecencias (obligatorias o no), etc.
Conclusión
En definitiva, un auténtico despropósito en el que incluso el Ayuntamiento de Marbella ha tenido la imprudencia (por ser suave), de emitir un comunicado en el que únicamente los nombres de los intervinientes y la denominación de la comisión era cierto. (Ver nota de prensa publicada en distintos medios locales y provinciales).
Además de todo lo anterior, se desconoce el momento en el que se iniciará efectiva y legalmente las sesiones de la Comisión, sus integrantes definitivos, la forma en la que podrán intervenir, etc.
Después de tantos casos de corrupción que azotaron en el pasado al Ayuntamiento de Marbella y siguen suscitando sospechas las actuaciones de determinados concejales y funcionarios públicos, extraña que el Alcalde de Marbella, José Bernal, haya tenido tan poco cuidado y esmero a la hora de constituir estas comisiones. Por ello, le pido formalmente que disponga todo lo necesario para que en tiempo y forma, puedan, definitivamente, ser constituidas estas comisiones, en concreto la de Investigación sobre el Deslinde entre Benahavís y Marbella, para que los ciudadanos, de verdad, tengan oportunidad de saber la verdad que ocurre tras los muros del consistorio, sus edificios y despachos, para que, no sigan existiendo dudas sobre la transparencia y el buen hacer de sus integrantes. Todo ello en beneficio de la imagen nacional e internacional de este tan deteriorado municipio por su imagen exterior. Los ciudadanos honrados de San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Marbella, no merecen este tipo de tratamiento. No son como el Ayuntamiento, pero dejen que puedan serlo, orgullosos.
