La propuesta de Isabel Pérez plantea municipalizar los tramos urbanos de la autovía mientras los vecinos siguen pagando uno de los peajes más caros de España y el Ejecutivo central mantiene la AP-7 de la Costa del Sol como vía de pago.
Marbella, 23 de junio 2026. La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, ha anunciado una moción para solicitar la cesión al Ayuntamiento de los tramos urbanos de la A-7 que atraviesan Marbella y San Pedro Alcántara. Una iniciativa que, lejos de resolver los problemas de movilidad del municipio, ha generado sorpresa por el hecho de que el Partido Socialista vuelva a poner el foco en trasladar competencias y costes a la administración local en lugar de exigir al Gobierno de España medidas estructurales para mejorar la circulación en la Costa del Sol.
La propuesta socialista plantea que el Ayuntamiento asuma la gestión de una infraestructura estatal con el objetivo de transformarla en una gran avenida urbana. Sin embargo, numerosos expertos en movilidad recuerdan que una cesión de estas características implicaría importantes costes de mantenimiento, conservación, iluminación, jardinería, señalización, seguridad vial y futuras inversiones que terminarían repercutiendo en las arcas municipales.
La iniciativa resulta especialmente llamativa porque llega en un momento en el que miles de conductores de Marbella continúan soportando diariamente los problemas de tráfico de la A-7 mientras la autopista de peaje AP-7 sigue registrando incrementos tarifarios históricos.
Frente a esta realidad, la pregunta que muchos vecinos se hacen es evidente: ¿por qué el PSOE no exige al Gobierno de Pedro Sánchez la liberalización de la autopista de la Costa del Sol, como sí ha ocurrido en otros puntos de España?
En los últimos años el Ejecutivo central ha eliminado peajes en numerosas autopistas del país, beneficiando a millones de conductores. Sin embargo, la Costa del Sol sigue siendo una excepción. Mientras otras provincias disfrutan de infraestructuras gratuitas, los usuarios de Marbella, Estepona, Benahavís, Fuengirola o Mijas continúan pagando algunos de los peajes más elevados de España para poder evitar los constantes atascos de la A-7.
Desde distintos sectores se considera que la verdadera solución pasa por aumentar la capacidad de las infraestructuras estatales existentes, mejorar los accesos, reforzar el transporte público y estudiar la gratuidad o bonificación de la AP-7, una medida que permitiría descongestionar de forma inmediata la autovía.
La moción socialista, sin embargo, apuesta por un camino diferente: que sea el Ayuntamiento quien solicite hacerse cargo de parte de una infraestructura estatal. Una propuesta que, según diversas voces consultadas, podría terminar trasladando a los contribuyentes marbellíes gastos que actualmente corresponden al Ministerio de Transportes.
Además, resulta difícil entender que el PSOE reclame ahora una cesión de la A-7 cuando dispone del Gobierno de España para impulsar directamente actuaciones sobre la infraestructura. El Ministerio tiene capacidad para ejecutar mejoras, ampliar enlaces, construir nuevos accesos o desarrollar proyectos de movilidad sin necesidad de transferir la titularidad al Ayuntamiento.
La propia Isabel Pérez reconoce en su planteamiento que la A-7 constituye uno de los principales ejes de movilidad del litoral y una infraestructura estratégica para toda la Costa del Sol. Precisamente por ello, numerosos analistas consideran que debe seguir siendo una responsabilidad estatal y no una carga económica adicional para Marbella.
Mientras tanto, los vecinos continúan esperando respuestas a problemas mucho más inmediatos: los atascos diarios, la saturación de la A-7 y el elevado coste de una AP-7 que sigue siendo de pago mientras otras autopistas españolas ya fueron liberadas hace años.
Por ello, cada vez son más las voces que consideran que la prioridad debería ser reclamar al Gobierno de España medidas reales para aliviar la movilidad en la Costa del Sol, comenzando por estudiar la liberalización de la autopista o la implantación de bonificaciones significativas para los usuarios habituales, en lugar de abrir un debate sobre quién debe asumir el mantenimiento de una infraestructura que ya es competencia del Estado.
