Marbella y sus ciudadanos recibieron ayer una noticia que afecta al propio desarrollo futuro de la localidad con la anulación, por parte del Tribunal Supremo, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, el documento que debía devolver al municipio la seguridad jurídica, los suelos de equipamientos públicos y que legalizó más de 16.500 viviendas construidas irregularmente durante 16 años de gobiernos del GIL. Por ello, tras este varapalo, Ángeles Muñoz, la que fuera alcaldesa durante las últimas dos legislatura y quien, junto con su equipo de Gobierno, aprobara apenas diez días después de su investidura, el documento de planeamiento entregado por la Junta de Andalucía, ha querido tender hoy la mano al tripartito para ofrecer la “máxima colaboración y lealtad” y devolver a Marbella la seguridad jurídica y urbanística, todo ello bajo un único objetivo, que prevalezca “el interés de la ciudad”, teniendo en cuenta que son muchas las familias, cuyo patrimonio se vería afectado por esta sentencia, puesto que el Plan vigente pasará a ser ahora el del 86. Es tal la colaboración que el grupo popular, mayoritario en la Cámara de Representación Local con 13 concejales, muestra al equipo de Gobierno, que mañana mismo Muñoz, junto al responsable de Urbanismo de esta formación, Cristóbal Garre, acudirán a la Junta de Portavoces convocada por el Ayuntamiento, en la que se versará sobre la hoja de ruta a seguir de cara a la situación urbanística de la localidad.
Es más, la presidenta popular lamentó que la rueda de prensa ofrecida hoy por el alcalde, José Bernal, acompañado de otros miembros del equipo de Gobierno, no se haya hecho de forma conjunta con todos los grupos, dada la importancia de la situación, indicando que tras convocarles para la Junta de Portavoces, “recibimos una llamada más tarde para decirnos si nos queríamos pasar por allí”, una conexión telefónica realizada apenas media hora antes del inicio de la rueda de prensa.
Y es que el PP no quiere ser un simple espectador, sino que se posiciona como un agente activo en pro de intentar resolver esta situación y volver a dotar de seguridad jurídica, de garantías y confianza al inversor en la ciudad, para lo que se rodeará de un grupo de expertos que ahonden en la solución. Tanto así, que la propia Muñoz explicaba hoy los pasos, que a su juicio, se deberían de dar; el primero de ello es que se debe “contar con la ciudad”, y por tanto con los técnicos municipales del área de Urbanismo, algo que según recordó la presidenta popular no se hizo, puesto que el equipo redactor del Plan General fue determinado por la Junta de Andalucía, con Manuel Fustegueras a la cabeza; para Muñoz se debe contar con la “máxima participación política y ciudadana”.
En este mismo sentido, subrayó que el PP mostrará su máxima lealtad y apoyo a la Junta de Andalucía y al tripartito para que se “siga avanzando en Marbella sin lagunas”, una idea que marcó la propia aprobación inicial del Plan General de 2010, después de que Marbella perdiera las competencias urbanísticas, y con el objetivo de que éstas volvieran a la ciudad y con ella la seguridad jurídica. Es más, la propia sentencia del Tribunal Supremo habla de la “excepcionalidad y el esfuerzo de las administraciones” en aquel momento.
Para Muñoz la sentencia supone “un retraso para el futuro de la ciudad”, de ahí que se tenga que empezar ya a trabajar en una solución, donde el Gobierno andaluz, a través del Parlamento, tendría herramientas para poder agilizar y darle salida, al menos de forma provisional, según recordó Muñoz. Así, instó a una unidad de criterio y lealtad para desbloquear la situación en el menor tiempo posible.
