“Somos asociaciones de vecinos que luchamos por los intereses de los ciudadanos”. Con esta frase la representante de la AAVV Calvario-Huerta Belón, Maribel Notario, acompañada de su homóloga en Pablo Picasso, María del Carmen Amaya, y el presidente de la Federación de AAVV de Barrios de Marbella y San Pedro, Manuel Sánchez, para alzar la voz sobre las últimas declaraciones vertidas por el alcalde, José Bernal y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, en las que ambos criticaban las alegaciones presentadas por estos colectivos vecinales ante la inversión de 8,4 millones de euros para obras. Estos representantes presentaron dichos escritos puesto que consideran que en esta batería de actuaciones no se recogen algunos proyectos que ya estaban previstos, según explicó hoy Notario, informando de que estas tres alegaciones comprenden la iluminación de la Avenida Ricardo Soriano, una iniciativa de la que ya se había ejecutado la primera fase; el Plan Marbella Centro y la instalación de un radar y una cámara de videovigilancia en la zona de Cánovas del Castillo para controlar los vertidos de gasoil que se dan en la zona. El alcalde calificaba esta semana a estas alegaciones como “gratuitas” y que no aportaban “nada” e incluso, según dijo Notario, el regidor indicaba que por “culpa” de las mismas “se iban a ver perjudicados los puestos de trabajo que generarían estas obras”. Ante esta afirmación, los vecinos de estas tres asociaciones exigen a Bernal que pida disculpas “y que respete nuestro trabajo que es el de trabajar por las necesidades de los ciudadanos de Marbella, algo que deberían hacer ellos también”.
Notario afirmó que el movimiento vecinal de Marbella, ante las últimas declaraciones de Bernal, se siente “perseguido”, asegurando que “lo que parece que quieren es echarnos a pelear”, al tiempo que consideran que es el actual equipo de Gobierno “el que está ralentizando el proceso”.
En este mismo sentido, criticaron que el alcalde hiciera alusión a que estos colectivos presentaron las alegaciones “en el último momento”, ya que consideran, por un lado que “igual de legal es hacerlo en el primer minuto del primer día del plazo como en el último momento”, y por otro, explican que el hecho de hacerlo así fue “porque nadie nos informó de que se había abierto el plazo y porque además estábamos esperando a que atendieran nuestras peticiones”.
Y es que este colectivo el 1 de julio, 18 días después de que el actual tripartito tomara posesión en el cargo, solicitaban una reunión con la concejala de Obras, Blanca Fernández, quien finalmente no les atendió hasta casi dos meses después, en septiembre “en un encuentro donde expusimos nuestras peticiones, y sus respuestas fueron no se puede, no hay dinero, no está presupuestado”.
