Izquierda Unida ha propuesto que se solicite al Ministerio de Fomento la ejecución de los trabajos de mejora en la A-7 previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. En una moción que se debate en pleno la próxima semana, los concejales Miguel Díaz y Victoria Morales recuerdan que Los PGE contenían una partida específica valorada en 1,5 millones de euros para la realización de mejoras en la autovía A-7 dentro del término municipal de Marbella. “Hay un gran número de actuaciones pendientes de ejecutar en esta vía que soporta gran afluencia de tráfico de residentes y turistas”, ha explica Díaz, que ha enumerado las más necesarias como la mejora de accesos y desdoblamientos a las urbanizaciones de Las Chapas colindantes con la A-7; la instalación de pantallas de protección ante la contaminación acústica en los puntos catalogados; el nuevo enlace entre la autopista y el Hospital Costa del Sol, además del paso peatonal elevado desde la rotonda de Benabolá a Puerto Banús.
Redacción
En la moción, se propone también pedir al Ministerio de Fomento que traslade a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento el Plan de Actuaciones previsto para la Red de Carreteras del Estado dentro del término municipal de Marbella, así como su cronología.
Rehabilitar íntegramente El Cable
Izquierda Unida también presenta una moción para solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que se amplíe la intervención prevista en la torre de El Cable y que previamente a su saneamiento, se proceda a la consolidar sus elementos, para, posteriormente realizar su rehabilitación completa e integral .
En 2013 fue aprobada por unanimidad una moción de Izquierda Unida para preservar el cargadero de mineral de El Cable, uno de los últimos vestigios del patrimonio minero de Marbella y elemento de identidad esencial para el municipio.
El proyecto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente con una dotación presupuestaria de 76.000 euros consiste en una limpieza y la eliminación de aquellos elementos de la torre con riesgo de caída, pero en ningún caso la rehabilitación completa e integral de la misma.
Lo que busca la coalición de izquierdas es que se haga una rehabilitación integral y que estos trabajos se coordinen con el Ayuntamiento de Marbella, a través de las delegaciones de Sostenibilidad y Cultura. Igualmente, el objetivo es que una vez rehabilitado el cargadero sea cedido en concesión al Ayuntamiento.
Oposición ciudadana y política a la ley mordaza
El debate plenario también incluirá la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como “ley mordaza”, ya que Izquierda Unida presenta una moción que viene a reflejar la opinión de la coalición y de cientos de personas que firmaron la petición para la retirada de dicha norma.
La moción, que cuenta con el respaldo de la sociedad civil, quiere que el Ayuntamiento en pleno pida la retirada de la ley, pero también un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate, asímismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal”, ha explicado Miguel Díaz.
Esta ley, añade el edil otorga discrecionalidad a la administración para hora establecer sanciones, así como la elevada cuantía de las mismas, -que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€- y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas. “Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales”.
Numerosos colectivos sociales y ciudadanos vienen reclamando la retirada de la ley y el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los Derechos Humanos, la ha calificado de “altamente problemática”. NilsMuiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.
“La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo”, concluye IU en su moción.
