Era en 2011 cuando la Junta de Andalucía publicaba la licitación pública para la ampliación del Puerto Marina La Bajadilla. Un proyecto que una vez recibido por la sociedad Altani e hijos, la empresa privada que llevaría a cabo la ejecución, requirió la inclusión de una mejora considerable, esto es un amarre para cruceros. Un elemento que supondría abrir a Marbella a un sector económico determinante, así como una importante lucha contra la estacionalidad, así lo apunta el concejal de Turismo, José Luis Fernández. A partir de ese momento el proyecto sufrió una paralización que a día de hoy hace que exista una incertidumbre sobre su continuidad. Es por ello que el equipo de Gobierno ha llevado al Pleno Extraordinario de febrero la necesidad de solicitar a la Junta de Andalucía a realizar cuantas acciones sean necesarias para impulsar el desarrollo de esta iniciativa, una idea que no ha contado con el apoyo del Partido Socialista, pues los miembros allí presentes entre los que destacaba el portavoz socialista, José Bernal se negaron a votar.
J.Para
El equipo de Gobierno ha querido denunciar “la actitud burocrática y pasiva” que presenta la Junta de Andalucía respecto a un proyecto que presenta “no solo interés para Marbella sino para toda la Comunidad Autónoma en general”. Además, hablan de esta “parálisis” como “una táctica de bloqueo con interés electoral para que no comience antes de mayo”. La sociedad Altani e hijos ha presentado alegaciones al Gobierno andaluz, alegaciones que hasta el momento no han recibido respuestas para un proyecto en el que la empresa privada ya han desembolsado hasta 7.000.000 de euros.
CARRETERA A-355 Y CAUCE DE RÍOS
El equipo de Gobierno también instará a la Junta de Andalucía al cumplimiento del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Marbella para la remodelación y cesión de la travesía urbana de la Carretera A355 a su paso por la localidad. Un acuerdo firmado en 2010 entre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la consejera de Fomento y Vivienda del momento, Rosa Aguilar. En él, el Gobierno andaluz se comprometía a supervisar y aprobar el proyecto, a financiarlo con el 70 por ciento de los gastos y una vez terminada la obra, ceder la titularidad al Consistorio. El Ayuntamiento, por su parte, correría con el 30 por ciento restante, los gastos del proyecto y de una posible expropiación, así como cumplir con la recepción de la titularidad, sus conservación y mantenimiento, finalizados los trabajos. Un convenio que a día de hoy se ha visto incumplido y que se ha limitado a una sola actuación en 2011 respecto a este plan llevado a cabo por el Ayuntamiento, es por ello que desde Marbella se exigirá el cumplimiento de este convenio perfectamente legalizado y firmado por ambas partes hace ya 5 años.
Marbella cuenta además con un abandono en lo que al sector hidrográfico se refiere. Y es que los ríos y arroyos muy presentes en el paisaje del municipio y que otorgan gran valor al ecosistema del lugar presentan una imagen no muy acorde a los valores del municipio. Algo de lo que es responsable la Junta de Andalucía, pues si la recogida de residuos es competencia municipal, su limpieza, adecuación y conservación pertenece al Gobierno Andaluz, tal y como así lo establecen sus decretos. Es por ello, que tras su aprobación en el Pleno Extraordinario de febrero se solicitará al Ejecutivo andaluz el cumplimiento de sus obligaciones.
