Una batería de peticiones es la que hoy ha puesto de relieve el equipo de Gobierno en el pleno extraordinario con una serie de propuestas en las que se ha exigido a la Junta de Andalucía asuntos que se consideran prioritarios para la ciudad. Uno de los temas protagonistas en este sentido ha sido el anticipo reintegrable, el abono de más de 100 millones que el Ayuntamiento tiene que devolver al Gobierno andaluz, cumpliendo un calendario de pago, después de que éste se lo concediera al Consistorio tras su disolución, y en concepto de lo que se había dejado de invertir en la ciudad con el Gobierno del GIL. La petición se basa en un aplazamiento del pago de la deuda en 20 años, “con las mismas condiciones que la Junta ha pedido al Gobierno Central”, resaltó el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero. Para él, la Administración Autonómica “debe hacer una inversión urgente” de más de 32 millones de euros, cantidad que hasta el momento ha abonado el Consistorio. “A Marbella se venía a cobrar, pero no a invertir”, criticaba Romero, destacando que el Ayuntamiento ha trabajado por devolver en plazo “sin perjudicar otros servicios”. Esta propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y OSP y el concejal no adscrito, Enrique Piñero. Dentro de este plan de solicitudes también se ha dado luz verde a instar a la Junta de Andalucía a que haga efectiva las prestaciones retrasadas a los beneficiados de la Ley de Dependencia en Marbella y San Pedro. El concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña, destacó que por parte del Gobierno andaluz “hay poca voluntad” en el apoyo a estas personas, ya que “el Estado transfiere puntualmente estas ayudas para que las abonen”, al tiempo que también solicitó a que se readmita al personal de apoyo “despedido por la Junta de Andalucía”.
I. Catalán
Esta no ha sido la única materia de índole social sobre la que se ha tratado en el pleno de hoy, ya que también se ha solicitado a la Administración Autonómica a que “ponga en marcha” la totalidad de las ayudas que comprende el Plan de la Vivienda 2013-2016 para la que el Gobierno destina 3.790 millones de euros, y que se centran en aspectos como créditos hipotecarios, ayuda al alquiler, o eficiencia energética, entre otros.
Pero, sin lugar a dudas, de todos los temas tratados en materia social, uno de los más sensibles ha sido el de la construcción de la Residencia Pública para mayores en los terrenos cedidos por la familia Álvarez en la zona de Trapiche del Prado. El colectivo de mayores ha recogido ya 7.000 firmas solicitando su ejecución, ante una infraestructura que consideran necesaria.
Cardeña explicaba hoy que se unen a esta petición, así como a exigirles el concierto del 80 por ciento de sus plazas, dentro del acuerdo rubricado entre el Ayuntamiento y la Administración Autonómica , y después de que ésta última lo diera por roto. Además la propuesta del equipo de Gobierno, que ha salido adelante, comprende también llevar este convenio a los servicios jurídicos municipales, “para que lo estudie y determine cuáles son las responsabilidades”, según destacó el concejal de Bienestar Social.
La seguridad de los vecinos de San Pedro también ha sido una de las protagonistas durante el pleno extraordinario, donde el equipo de Gobierno ha vuelto a rechazar la propuesta de la Consejería de Fomento de instalar semáforos en la carretera de Ronda a su paso por la localidad. Ante esta situación, la corporación ha presentado un punto en el que solicitan a la Administración Autonómica la instalación de dos pasarelas, así como el desdoblamiento de la A-397 a su paso por la localidad sampedreña. Esta propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP, OSP, y el concejal no adscrito.
