El proceso judicial por el caso ‘Hidalgo’ prosigue con la apertura de juicio oral contra 14 personas acusadas. En el auto también se ha acordado el sobreseimiento de la causa respecto a cinco personas, de ellas dos eran considerados como principales imputados y de las que se ha decretado el archivo por defunción. En este caso se persiguen delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública. Fue en 2007 cuando se produjeron las primeras detenciones. En el proceso penal se solicita también la responsabilidad civil de los imputados con un valor total de 900 millones de euros. El órgano competente para juzgar será la Audiencia provincial. La Fiscalía Anticorrupción, en el momento que solicitó la apertura del juicio oral, unos 1.000 millones de euros en multas y más de 170 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo, además de indemnizaciones a favor del Estado.
Redacción
Fiscalía estableció que el despacho Cruz-Conde, sito en Marbella, proporcionaba al cliente que lo solicitase «las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos». Este ha supuesto que entre los acusados haya varios abogados del bufete.
Para ello, se constituía una sociedad mercantil en España en la que participaba una entidad que radicase en un paraíso fiscal o bien, en otras ocasiones, se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal.
De este modo, se ha puesto de relieve la existencia de «un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles».
«La finalidad perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitución de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en España, de modo que formalmente no pudieran vincularse los fondos con su verdadero dueño, como en la propia gestión de los fonos ilícitamente invertidos», se ha señalado por el Ministerio Público.
Incluso se llega a señalar que en algunos casos «los fondos a ocultar derivaban de actividades delictivas, hecho conocido por los acusados referidos, entre otras cosas porque, para ciertos clientes, eran ellos quienes habían diseñado la estrategia defraudatoria frente a la Hacienda española».
En todo caso, «los acusados, representándose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de las actividades delictivas de algunos de sus clientes, aceptaron, no obstante, proporcionarles los mecanismos de ocultación a tal efecto, asumiendo su colaboración en el encubrimiento del origen de los fondos y de la identidad de sus verdaderos titulares».
Otra de las fórmulas aplicadas con «evidente intencionalidad defraudatoria» era la figura de préstamos de accionistas, que «en realidad no responden a dicha forma de aportación». En las declaraciones-liquidaciones presentadas por una de las entidades investigadas, relativas al Impuesto sobre Sociedades se empleó como operatoria disfrazar lo que son simples aportaciones de capital por parte de los socios de la entidad bajo la forma de supuestos préstamos participativos, determina en su escrito la Fiscalía.
«Mediante este ardid se van a generar, de forma artificiosa, una serie de gastos fiscales deducibles, derivados del supuesto pago de intereses a las diversas entidades prestatarias, detentadoras del capital social, por razón de los préstamos concedidos a la sociedad», se asevera.
