Acaba de comenzar el juicio por el conocido como ‘mini Malaya’ por presunta malversación y cohecho en Estepona
Quince años después, numerosos integrantes del Partido Socialista, pertenecientes al tejido del Ayuntamiento de Estepona de la época, han tenido que sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación, malversación y cohecho en lo que se conoce como ‘mini Malaya’, el mayor caso de corrupción del PSOE en la Costa del Sol y que acabó con el ingreso en prisión del entonces alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Barrientos.
La Ciudad de la Justicia de Málaga ha sido el enclave elegido en el que han desfilado los procesados para afrontar la primera jornada del proceso, en total unos 50 imputados, entre los que suman penas de más de 200 años de cárcel. La investigación, marcada por un entramado entre la clase política y empresarios del sector de la construcción, destaca además por la presencia espectral del comisario José Manuel Villarejo.
Entre los delitos y las ilegalidades de las que se les acusa, la Fiscalía apunta que, entre 2003 y 2007, el Gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) a través de diferentes estrategias se benefició de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios que se tradujeron en donaciones directas al ayuntamiento. El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, por su parte, advirtió de la existencia de fondos de los que se habrían beneficiado “personas directamente relacionadas con el ayuntamiento y su entorno” en concepto de regalos o pagos para sufragar gastos de campañas electorales, como es el caso de televisores, viajes, relojes de importantes marcas o abonos de consumiciones en establecimientos hosteleros, incluso de naturaleza sexual, hasta trasferencias de dinero.
