A partir de abril, el Ejecutivo de Sánchez será el culpable de que el recibo de los marbellíes se multiplique, pues será exigido al Ayuntamiento aplicar un nuevo impuesto por la recogida y tratamiento de los residuos
Una vez más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra provocando verdaderos quebraderos de cabeza a las administraciones locales de España, en general, y, de forma más concreta, al Ayuntamiento de Marbella. Esta vez la culpa la tiene un nuevo tributo sobre la gestión de residuos, que entrará en vigor a partir de abril, y que será de obligado cumplimiento.
En concreto, esta nueva tasa supondrá que los vecinos de la localidad marbellí, así como los del resto de España, asuman los costes tanto de recogida como de tratamiento de basura suponiendo esto que su recibo anual pueda llegar a multiplicarse.
Este hecho pone en evidencia una vez más a Pedro Sánchez ante una medida, la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sobrevenida y muy impopular. Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, “que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos», dice la Ley 7/2022.
La aplicación presenta muchas dudas todavía. Los inspectores de Hacienda locales también han manifestado reiteradamente las dudas técnicas del ‘tasazo‘. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local sostienen que el impuesto podría vulnerar la autonomía que la Constitución Española brinda a los municipios para su gobierno, administración y gestión, además de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que les da libertad para establecer sus propios tributos. Algo que en la práctica puede derivar en un aluvión de denuncias en los tribunales.
