A pesar de la liberación de 7 importantes autopistas en toda España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de lado a la Costa del Sol, sin cumplir su promesa de liberar la AP-7, una de las vías más esenciales para la comunicación y el desarrollo económico de la región. La diputada Isabel Pérez y el PSOE de Marbella, lejos de defender los intereses de la Costa del Sol, han permanecido callados ante este agravio, dejando a la localidad y su economía en una situación cada vez más complicada.
La no liberalización de la AP-7 es un golpe directo a la economía local. Esta autopista, que conecta Marbella con otras importantes ciudades de la costa y el interior, sigue siendo un peaje costoso para residentes, turistas y empresarios locales, afectando gravemente la competitividad de la Costa del Sol como destino turístico y limitando la inversión en la región.
En comparación con otras regiones de España, que han visto cómo sus autopistas eran liberadas, la Costa del Sol sigue sufriendo las consecuencias de un peaje que encarece considerablemente los desplazamientos, perjudicando tanto a los residentes como a los visitantes. La negativa a liberar la AP-7 no solo va en contra de los intereses de la población local, sino que frena las posibilidades de crecimiento económico de la zona, especialmente en un momento crítico para el sector turístico.
Lo más alarmante es que ni la diputada Isabel Pérez ni el PSOE de Marbella han tomado ninguna medida para exigir la liberación de esta autopista, ni han planteado alternativas que beneficien a la población local. En lugar de luchar por la mejora de las infraestructuras de la Costa del Sol, han optado por la inacción, permitiendo que el Gobierno central continúe ignorando las necesidades de una de las regiones más importantes para la economía española.
La falta de liderazgo de Isabel Pérez y su silencio ante la inacción del Gobierno pone de manifiesto que la diputada marbellí está más preocupada por mantener una buena relación con el Ejecutivo central que por defender los intereses de los ciudadanos de Marbella y la Costa del Sol.
Es crucial que los representantes locales asuman su responsabilidad y trabajen por la mejora de las infraestructuras de la región, ya que la liberación de la AP-7 no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de justicia para los ciudadanos que dependen de esta vía para su día a día.
