La Junta de Gobierno Local era interrumpida momentáneamente por el tripartito para la comparecencia de su portavoz, Javier Porcuna, ante los medios de comunicación con el fin de dar cuenta de los asuntos que hasta ese momento se habían tratado. Entre dichas cuestiones se encontraba la aceptación de la “suspensión cautelar del artículo 7 del Reglamento de Directores Generales” elaborado por el tripartito. Una suspensión determinada por el recurso planteado por la Abogacía del Estado, una actuación que para Porcuna parece ser excesiva, “no sabemos de otros casos en que se haya producido un recurso de este tipo por parte de la Abogacía del Estado; utilizar los medios del estado para una situación puntual en un Ayuntamiento nos parece un poco desproporcionado”. Porcuna señaló sobre el controvertido artículo 7 que preveía la posibilidad de que “no sólo fuesen funcionarios de carrera los que pudiesen ser directores generales sino cualquier persona procedente de la actividad profesional privada con los condicionantes de formación y capacidad”.
B. Sánchez
A tenor de la información publicada por Diario Sur el pasado 6 de junio cuando dio a conocer la paralización del proceso de selección el motivo de suspensión giraría en torno a que el citado artículo permitiría el nombramiento de directores generales por selección libre externa obviando así la obligatoriedad de que sean seleccionados entre funcionarios de carrera de las distintas administraciones.
Una situación que previamente había sido advertida por el Partido Popular, el concejal de la formación, Baldomero León, aseguró que el equipo de Gobierno había elaborado el reglamento de elección de los cargos de tal forma que pretendía sortear el imperativo legal «deberá efectuarse» por «podrá efectuarse”.
Unas palabras esgrimidas por el concejal popular en la comparecencia en la que la formación anunció que habían presentado un recurso contencioso-administrativo contra el reglamento elaborado por el Ayuntamiento de Marbella, que el juzgado admitió a trámite. Una situación ante la que también se posicionó la Abogacía del Estado, produciéndose dicha suspensión por parte del TSJA y que finalmente, el tripartito, ha tenido que aceptar en Junta de Gobierno.
Con la fórmula legal usada por el tripartito, señaló León, el Gobierno local podía elegir a los directores generales entre «sus aspirantes» en detrimento de los candidatos con condición de funcionarios. «Con independencia de los aspirantes que se presentaran, los puestos, presuntamente, ya estaban dados. Entendíamos que es un escándalo que la determinación estuviera ya tomada en perjuicio del resto de aspirantes», indicó el edil en dicha comparecencia.
Los directores generales iban a ser responsables de las áreas de Gabinete de Alcaldía y Protocolo; Enseñanza, Cultura y Patrimonio Histórico; Recursos Humanos; Obras y Servicios de Prestaciones Comunes; Hacienda y Administración Pública y Derechos Sociales Limpieza, Residuos Sólidos Urbanos y Parques y Jardines; Sostenibilidad y Movilidad; e Innovación y Administración Electrónica, denominaciones coincidentes con la labor que actualmente desarrollan varios cargos de confianza.
Por su parte, en el momento el Ayuntamiento informó, a través de una nota de prensa, de que había recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspende cautelarmente el artículo 7 del reglamento de coordinadores y directores generales. Un recurso que, a tenor de lo expresado hoy en la comparecencia del portavoz municipal, parece no haber llegado a buen puerto.
Este hecho parece no haber agradado al equipo de Gobierno, cuyo portavoz señaló que se trata de “un obstáculo más en la labor del día a día de este Ayuntamiento” y que aseveró que esta situación produce una “sobrecarga” de los jefes de servicios. Porcuna tampoco dejó pasar por alto el recordar que en otros casos este tipo de elección fuera del funcionariado se producen.
