Uno de los acusados en el caso ‘Fergocon’, sobre las presuntas irregularidades en trabajos contratados por el Ayuntamiento de Marbella en 2001 y 2002, ha declarado hoy que el letrado José María del Nido -también procesado- iba a la oficina municipal donde él trabajaba como ayudante de medidor para reclamar los pagos de obras encargadas a la empresa de sus hermanos. Además, ha asegurado que a él no le ofrecieron dinero extra por firmar las facturas de dichas actuaciones. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha continuado este viernes con el juicio en el que están acusados el exalcalde marbellí Julián Muñoz, Del Nido -para los que el ministerio fiscal pide 11 años de prisión-; y otras 10 personas. La vista sigue el lunes con la declaración del mismo acusado. Este técnico procesado se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 15 de inhabilitación por delitos de malversación y falsedad, al considerar el fiscal que dio el visto bueno, junto a otros procesados, a obras sabiendo que esos trabajos no se habían llevado a cabo o no se había realizado en la forma correcta.
El ministerio público le ha mostrado gran cantidad de facturas para preguntarle por las mediciones y por su firma. En su declaración, el acusado, que trabajaba para una de las sociedades municipales relacionada con el control de obras como ayudante de medidor, ha insistido en que realizaba mediciones de las actuaciones antes de firmar facturas y en que no rubricó documentos sin hacer una comprobación efectiva de los trabajos realizados o en ejecución, apuntando que no tenía ningún cargo de responsabilidad.
Ha asegurado que Del Nido acudía a la oficina a «reclamar» que se pagaran las facturas emitidas por la empresa Fergocon y decía «que espabiláramos, que moviéramos ya el asunto, que se tenía que se tenía que pagar porque llevaba mucho tiempo demorado».
Aunque ha dicho que no llegaron a coaccionarle o amenazarle si no firmaba las facturas emitidas, sí ha señalado que sus superiores en el Ayuntamiento le dijeron que era obligatoria su rúbrica y, al final, se presionaban para que salieran adelante las certificaciones.
Sí ha admitido que no se negó a firmar facturas porque «tenía un buen trabajo y quería conservarlo». En este sentido, el acusado ha declarado a preguntas del fiscal que cuando llegó a la sociedad municipal «yo no hacía muchas preguntas, me adapté a la dinámica de la empresa», pero ha negado que le ofrecieran dinero y ha dicho que no le consta que lo hicieran a otros técnicos.
Al inicio de la sesión, el fiscal encargado del caso ha negado la existencia de un pacto con otro de los técnicos acusados y ha indicado, respecto a las referencias que viene haciendo la defensa de este procesado sobre dicho extremo que, tras ponerse en contacto con los superiores en Anticorrupción, han negado la existencia de ese acuerdo. Así, ha considerado que deben «cesar» dichas manifestaciones porque ponen en tela de juicio la función del ministerio público.
Ha apuntado que nunca se hacen públicas las posibles conversaciones, a no ser que se materialice el acuerdo; aunque ha señalado que si se sigue insistiendo en ello, se requerirá que se aporte por escrito ese pacto y los términos del mismo y que se incoe un expediente para dar traslado al Colegio de Abogados por faltar a la ética profesional.
