El Ayuntamiento de Marbella, a través de los servicios jurídicos municipales, estudia trasladar tanto a la Fiscalía como a la Cámara de Cuentas dos contratos “fraudulentos” de servicio de asesoría jurídica externa a la sociedad municipal Palacio de Congresos que fueron realizados por el anterior equipo de Gobierno. Según ha explicado el portavoz municipal, Félix Romero, el objetivo es que se diriman “las responsabilidades jurídicas y contables que se pudieran derivar”. “Es una contratación chapucera que se tramita bajo un caso ficticio de concurrencia pública. Aparentemente se solicitaba a tres empresas distintas pero resulta que son todos miembros de un mismo despacho profesional”, ha desvelado el concejal, quien ha tildado de “escandaloso” que desde el Ayuntamiento, a través de las sociedades municipales, “se pueda realizar una contratación con una simple orden, sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones ni aval”. “Entendemos que puede incurrir en una ilegalidad que lleve aparejada un perjuicio económico para las arcas municipales”, ha abundado.
En este sentido, ha explicado que el pliego de condiciones se sustenta “en folio y medio firmado por quien fue consejero delegado y portavoz del anterior equipo de Gobierno, Javier Porcuna, sin justificación de por qué se lleva adelante esa contratación”, ya que del asesoramiento jurídico de las sociedades municipales “se encarga el personal del Ayuntamiento a través de su asesoría jurídica”. “Un político no puede disponer del dinero de la Corporación adjudicándolo caprichosamente a quien lo desee”, ha señalado Romero, al tiempo que ha informado de que se trata de dos contratos, de 17.500 euros y de 36.000 euros, este último en vigor hasta febrero de 2019.
“En el segundo se incluyó también a un procurador de Fuengirola y la adjudicación, que se realiza de forma directa, se hace de nuevo a la misma empresa”, ha apuntado, por lo que en total son más de 50.000 euros “que se gastan sin ningún tipo de control, fiscalización e informe”. En este punto, ha puesto el acento en que “entendemos que se han vulnerado todas las cuestiones de la ley de contratos del sector público porque cualquier contratación que se realice desde cualquier sociedad debe tener las mismas cautelas y cumplir los mismos requisitos que cualquiera que se realice desde el Ayuntamiento”.
Por último, ha avanzado que se están analizando otros casos similares y ha recordado que desde la oposición “ya planteamos que muchas de la maneras que habíamos percibido del anterior Gobierno nos recordaban a las que habíamos conocido en la época de Jesús Gil”.
“En la época de GIL conocimos de la creación de un ayuntamiento paralelo con todo un entramado de empresas que se utilizaban para efectuar contrataciones al margen del Ayuntamiento, sin procedimientos legales y ni fiscalización previa”, ha añadido.
