La expansión imparable del alga invasora Rugulopteryx okamurae está dejando una factura insostenible para los municipios costeros de Andalucía. Desde Tarifa hasta Málaga, los ayuntamientos soportan en solitario una emergencia ambiental, mientras el Gobierno de España impone nuevas exigencias pero no aporta ni una sola solución real ni económica.
La ‘Guía para la redacción de Planes de Gestión de Biomasa’, publicada en junio por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha generado indignación entre los alcaldes y concejales del litoral: el Ejecutivo reconoce el problema, lo regula, lo traslada… pero no lo financia. Todo queda en manos de los ayuntamientos.
Más órdenes, ningún recurso
Aunque la guía establece una estrategia detallada —retirada, transporte, acopio, destrucción o valorización de la biomasa—, no incluye ni una sola mención a fondos estatales o mecanismos de apoyo a los municipios. El resultado es demoledor: el Estado da instrucciones y se lava las manos, mientras los municipios se endeudan para proteger sus costas.
“El Ministerio se dedica a redactar protocolos desde un despacho en Madrid, mientras aquí no damos abasto. Esto no es cooperación institucional, es abandono institucional”, critica un concejal de Medio Ambiente de la Costa del Sol.
2025: un año más duro, más caro y sin respuesta estatal
Según fuentes municipales consultadas, los costes acumulados en los primeros cinco meses de 2025 ya superan los gastos anuales de 2024 en varios municipios. El volumen de biomasa retirado, el aumento de temperaturas, la proliferación temprana del alga y la saturación de vertederos están llevando la situación al límite.
Algunos datos clave:
• Marbella: A día de hoy en algas solo en retirada sin planta de tratamiento unos 200.000 euros, lo que supone 50.000 euros más que el año pasado. De seguir así este año solo en retirada sería 360.000 euros
• Estepona: durante 2024, el Ayuntamiento contabilizó la retirada de hasta 450 toneladas de algas, un hecho que ha supuesto un gasto extra municipal en maquinaria y personal. En cuanto a costes, se ha invertido 263.000 euros en maquinaria para la retirada de algas, reconociendo el impacto económico y ambiental de la proliferación.
• Tarifa: en Cádiz se ha incrementado el presupuesto para la retirada del alga en un 25%, alcanzando los 340.000 euros en 2024.
•Benalmádena: Se han recogido 400 toneladas de algas en los últimos nueve meses, mostrando la magnitud del problema y el esfuerzo de limpieza.
• Mijas: el pasado año, el Consistorio destinó entre el canon en la planta de reciclaje, cubas, camiones y maquinaria para su retirada unos 312.000 euros
• Málaga capital: ha tenido que reforzar con más turnos el servicio de limpieza de playas en el entorno del Palo, Pedregalejo y Sacaba Beach, donde el alga aparece a diario.
Una amenaza ambiental, turística y sanitaria
El Rugulopteryx okamurae no solo deteriora el entorno natural marino, desplazando especies autóctonas. También genera malos olores, atrae insectos y crea un impacto visual y sanitario que espanta al turismo y obliga a los ayuntamientos a limpiar varias veces al día.
“No puedes dejar la playa sucia en verano. Los vecinos protestan, los turistas se van, los niños no quieren acercarse al agua. Y todo lo asumimos con recursos locales”, denuncia un operario de limpieza en una playa de Casares.
“Vengo todos los años, y nunca he visto tantas algas ni tanto olor. Me sorprende que no haya ayudas del Gobierno si es un problema nacional”, comenta Juan Carlos, turista madrileño en Estepona.
Un Gobierno más pendiente de sus escándalos que de los ciudadanos
Mientras los ayuntamientos hacen malabares para sostener los servicios, el Gobierno de España sigue centrado en sus luchas internas, ceses ministeriales y escándalos judiciales, sin aparecer ni implicarse en un problema que él mismo calificó como grave en 2022.
“No podemos más. Llevamos años asumiendo solos esta carga, con más exigencias cada vez, pero sin una sola transferencia ni apoyo técnico. El Gobierno está más ocupado en salvarse políticamente que en ayudar a los ciudadanos”, señalan desde el entorno municipal.
Exigencias de los ayuntamientos
Los municipios afectados reclaman:
• La creación inmediata de un fondo estatal de emergencia ambiental para la gestión del alga.
• Cofinanciación de los Planes de Gestión de Biomasa que ahora se exige a las administraciones locales.
• Impulso a la valorización de la biomasa, con plantas especializadas y líneas de innovación ecológica.
• Presencia del Estado en las costas, no solo en el BOE.
“Nos exigen cumplir, gestionar, informar, coordinar… pero no ayudan. Esta guía del Ministerio no es una herramienta útil, es un documento para justificar que el Estado ha hecho algo cuando en realidad ha pasado la pelota y se ha largado”, concluye un alcalde de la costa occidental malagueña.
El verano está a punto de comenzar y las playas ya acumulan toneladas de esta alga invasora. Si no hay un cambio inmediato de actitud del Gobierno, el 2025 será el peor año que se recuerde para los ayuntamientos del litoral. Y todo, mientras en Madrid siguen mirando hacia otro lado.
