Según ha avanzado el diario ABC, el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, está investigando los pagos millonarios que desde la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernada por el PSOE, se habrían realizado de manera irregular a la empresa Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido Martínez Martínez, entre los años 2009 y 2011. El magistrado sospecha que parte del dinero público podría haber sido desviado a las cuentas corrientes de otras consultoras que habían creado sus hermanos Manuel y Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, actual directora general de la Guardia Civil.
El juez habría solicitado a la Agencia Tributaria un informa detallado con las declaraciones presentadas y los datos fiscales de tres sociedades vinculadas a los hermanos Martínez.
Al parecer y según recoge República.com, que se ha hecho eco de la información de ABC, Bienvenido Martínez, cuñado de Gámez, habría dejado su cargo de director en Inversiones Estratégicas de la agencia autonómica IDEAun día antes de que una entidad perteneciente a dicha agencia pública, Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L. (Fagia), contratara de manera «absolutamente fraudulenta» a la sociedad de Martínez para poner en marcha el Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid. Esa empresa facturó 280.975 euros a la agencia IDEA, sin que hubiera existido, según el juez, «labor de asistencia técnica».
En otras palabras, en apenas un día, su antiguo empleador se convirtió en el principal cliente en su nueva carrera como ‘consultor’.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura de la Policía Nacional en Sevilla descubrió que se habrían realizado transferencias desde la sociedad subcontratada a las empresas Job Management Liberty S.L., de la que es titular Juan Carlos Martínez, y Be Make Create S.L., propiedad de Manuel Martínez.
Gámez fue delegada de la Junta en Málaga desde 2008 a 2010 y concejala en el ayuntamiento malagueño a partir de 2011.
La investigación se extiende a otras sociedades públicas que inyectaron fondos al entramado societario creado por los cuñados y el marido de Gámez: Santana Motor S.A., su filial Fasur, Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A., y Fagia.
En total, serían siete las empresas que se estarían investigando.
