El Partido Popular llevará al Pleno del Parlamento autonómico una propuesta no de ley “para instar al Gobierno andaluz para que se dote a la Comunidad Autónoma, y concretamente a Marbella, de un instrumento jurídico legislativo que permita responder a esas eventuales peticiones de demolición que puedan venir de los tribunales de justicia”, una medida que anunció esta mañana el concejal del grupo municipal popular y parlamentario andaluz, Félix Romero. Con en ello los populares buscan “dotar de cobertura legal a todo ese colectivo que son terceros de buena fe y que no pueden verse afectados de una situación de la que no son los responsables”, explicó Romero.
Tras la resolución adoptada por el Tribunal Supremo que dejaba en suspensión el Plan General de Ordenación Urbana la situación de las más de 15.000 viviendas ilegales existentes en Marbella después de la época gilista volvían a quedar en una situación complicada que podía llevar aparejada la demolición.
“No queríamos una Marbella como Sarajevo, una Marbella demolida”, explicó Romero, motivo por el cual con su llegada al Gobierno en 2007 de Ángeles Muñoz se planteaba, el nuevo Consistorio, el reto de tramitar el PGOU de la ciudad. D esta forma “la propia vigencia hacía imposible la ejecución de las sentencia, sin que recurriésemos a la demolición”, explicó Romero.
No en vano, el parlamentario andaluz ha explicado que la ejecución de las mismas llevaría aparejado una “importante carga de gastos”, no sólo por hacer efectivos los derrumbes, sino por las “indemnizaciones para terceros”.
Ello ha llevado al PP a pedir al Ejecutivo andaluz que, de forma “inmediata”, busquen “otro marco jurídico que garantice que lo que es justo pueda tener otra aplicación”, “un marco normativo que le dé cobertura a todas esas personas y a Marbella”.
