El Partido Socialista se ha mostrado en los últimos meses especialmente crítico con las externalizaciones que estaba llevando a cabo el actual equipo de Gobierno, como en el caso de la adquisición de plantas o de las instalaciones deportivas.
Sin embargo, estando en el Gobierno de Marbella, consideró oportuno conceder, desde la Sociedad del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, cuyo último responsable era el concejal socialista Javier Porcuna, dos contratos por valor de más de 50.000 euros para la asesoría externa a un despacho al frente del que se encuentra su actual número 7 en las listas electorales, José Ignacio Macías.
Unos contratos que llegaron a ser tildados como de “fraudulentos” por parte del actual equipo de Gobierno. El portavoz municipal, Félix Romero, compareció en 2017 para explicar que se estaba estudiando el remitirlos a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, sin embargo, esto fue desestimado por parte de los servicios jurídicos. El motivo de esto fue que los contratos “se hacen en una sociedad, que no está dentro de la Administración sino que es parte del sector público”, lo que en consecuencia supone que “es una entidad a la que no se debía aplicar la Ley de Contratos del Sector Público en aquel momento” aunque con la actual sí, según explicó Romero.
Es por ello que lo único que pudo hacer el equipo de Gobierno es “suspender cualquier tipo de relación”, de hecho, “sólo abonamos una factura de lo que se realizó”, aseveró el portavoz municipal. No obstante desde el Consistorio han reprobado éticamente este proceso de contratación –en 2017 informaron de que concurrían tres personas aunque todas correspondían al mismo despacho-, “no nos parece ni correcta ni cabal, de hecho dejamos de pagar la factura”, insistió el edil.
Desde el PSOE, ya en 2017, defendieron la legalidad de la contratación, versión en la que inciden, según las declaraciones que Macías realizó a Marbella Confidencial. Este aspecto lo comparte ahora el equipo de Gobierno tras comprobar que este tipo de entidades escapaba de la regulación de otras de la administración pública. Romero, precisó que esto sucede porque “la Ley de Contratación del Sector Público establece un procedimiento de contratación para las sociedades que no es el mismo que se debe aplicar para el Ayuntamiento”. “La diferencia es que a fecha de hoy ya sabemos que es una trampa que no se debe de hacer pero que se hizo”, concluyó el edil.
