La diputada socialista intentó vender la idea de que este impuesto no era obligatorio y que su aplicación dependía de la voluntad de cada consistorio, pero el ministerio ha dejado claro que aquellos que no lo hagan se enfrentarán a sanciones económicas y la posible pérdida de acceso a fondos europeos
La polémica sobre la nueva tasa de basuras sigue escalando en Marbella. La diputada nacional del PSOE, Isabel Pérez, ha quedado en evidencia después de que el Ministerio de Hacienda desmintiera las afirmaciones que hizo recientemente sobre este tributo municipal. Mientras la dirigente socialista aseguraba que los ayuntamientos podían decidir no aplicar la tasa o retrasarla, el Gobierno central ha sido tajante: no hay margen para aplazamientos ni excepciones.
El ‘tasazo’, contemplado en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, entra en vigor en abril de 2025 y obliga a todos los municipios a implantar una tasa que cubra el coste real de la recogida y gestión de residuos. Pese a ello, Isabel Pérez había insinuado que los ayuntamientos tenían margen de maniobra para decidir su aplicación, algo que ha sido categóricamente desmentido por el propio Ministerio de Hacienda.
Un intento fallido de confundir a la ciudadanía
Las declaraciones de Isabel Pérez generaron confusión en Marbella, especialmente en un momento en el que el Ayuntamiento trabaja para definir cómo implementará la nueva tasa sin afectar en exceso a los ciudadanos. La diputada socialista intentó vender la idea de que esta tasa no era obligatoria y que su aplicación dependía de la voluntad de cada consistorio, pero la realidad es muy distinta.
El Ministerio de Hacienda ha dejado claro que todos los municipios están obligados a establecer la tasa antes de abril de 2025, y que aquellos que no lo hagan se enfrentarán a sanciones económicas y la posible pérdida de acceso a fondos europeos.
Este desmentido supone un golpe para el discurso del PSOE local, que intentaba responsabilizar al Ayuntamiento de Marbella del nuevo tributo, cuando en realidad se trata de una exigencia del propio Gobierno de Pedro Sánchez.
