Izquierda Unida, miembro del equipo de Gobierno ha llevado a pleno una moción en la que se solicita la remunicipalización de servicios básicos, defendiendo así la creación de un empresa municipal de transporte con capital 100% público, o lo que es lo mismo, con el dinero que todos los contribuyentes aportan a las arcas del municipio. “Recuperar servicios públicos para reinvertir sus beneficios en la ciudadanía ha sido uno de los objetivos que Izquierda Unida se ha marcado para esta legislatura y hoy hemos dado un importante primer paso en un doble sentido. Primero, con la creación de una empresa municipal de movilidad con capital 100% público y, segundo, con la remunicipalización de servicios básicos”, ha señalado el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Díaz.
El apoyo a las marchas de la dignidad y la remunicipalización de servicios básicos son dos de las mociones presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida también aprobadas hoy en Pleno Municipal
Con la aprobación de la moción presentada desde la concejalía de Movilidad, su titular, Miguel Díaz, ha subrayado que se quiere “dar un impulso al área para poder gestionar desde lo público y con criterios de eficiencia, conjugados con la reducción de gasto y la celeridad de los trámites, algunos de los puntos estratégicos de una delegación clave para la ciudadanía”.
La aplicación práctica de la creación de esta empresa municipal se traduciría en “que en lugar de ganar un beneficio industrial una empresa por la zona azul o la grúa, el beneficio será reinvertido en el objeto social de la empresa pública con actuaciones como la mejora de la movilidad en el municipio (paradas de transporte, asfaltado, accesibilidad, aparcamientos o carriles bici), entre otras”, ha señalado Díaz. El Ayuntamiento podrá implantar una red de aparcamientos públicos, una red de bicicletas de alquiler, una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos o planes de accesibilidad, gestionados desde esa empresa municipal de capital 100% público.
“Resulta necesario subrayar la cualidad publica del 100% del capital. Una empresa municipal, gestionada desde lo municipal para reinvertir en la ciudadanía”, ha abundado Díaz.
“La orientación sostenible de esta decisión también queda patente con la posibilidad de implantar un desarrollo equilibrado y una mejor integración de los diferentes modos de transporte, haciendo un mejor uso del espacio urbano y de las infraestructuras y servicios de transporte existente”, ha concluido Díaz.
Remunicipalización de servicios públicos
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado una moción conjunta con Costa del Sol Sí Puede con el objeto de revisar la remunicipalización de algunos servicios públicos esenciales “porque entendemos que la gestión pública es sinónimo de eficacia, universalidad y calidad”, ha señalado el portavoz del grupo, Miguel Díaz.
“Evitar que se beneficien unos pocos, una plutocracia, que los derechos de las corporaciones no estén por encima de los derechos de la ciudadanía, que la rentabilidad social sea un criterio principal para la remunicipalización de algunos servicios”, ha añadido Díaz.
Por ahora, los ayuntamientos tienen en parte las manos atadas por la Disposición Adicional Vigésima Séptima y trigésimo quinta del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2017 que recoge que las Administraciones “no podrán considerar como empleados públicos (…) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio».
Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización es que el personal de las empresas contratistas pase a la Administración en primer lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes procedimientos de ingreso, de forma definitiva. También incluye esta Disposición que, en los supuestos en los que «en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», el personal que se incorpore se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición.
La tasa de reposición es la limitación que tienen los ayuntamientos para contratar personal. Esta limitación viene impuesta desde hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y exacto de trabajadores que pueden contratar las Administraciones.
La entrada en vigor de esta disposición, junto con la Disposición Adicional 35, implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadoras considerable, se pudiera dar al no poder incorporar con garantías a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad.
Por lo tanto, lo primero que exige esta moción es que se eliminen estas dos disposiciones que impiden remunicipalizar los servicios municipales ajustándose a criterios de justicia laboral e instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la contratación pública por parte de las administraciones.
Marchas de la dignidad
Además, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha elevado al pleno municipal una moción en la que muestra su apoyo a las Marchas de la Dignidad y en la que se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a poner en funcionamiento políticas que antepongan el bienestar de las personas sobre el interés económico.
La concejala de Izquierda Unida Marbella-San Pedro, Victoria Morales, ha subrayado que “las Marchas de la Dignidad defienden en las cuatro palabras de su lema, cuatro elementos básicos para una vida en sociedad digna “Pan, Techo, Trabajo e Igualdad que la deconstrucción del estado del bienestar a manos del Partido Popular ha desbaratado”
Los puntos de atención sobre los que se ha planteado esta moción son los asumidos por las propias Marchas de la Dignidad, entre los que se incluyen la defensa de pensiones públicas dignas cargo de los Presupuestos y dejar atrás el Pacto de Toledo, empleo estable, salarios dignos y renta básica con la derogación de las reformas laborales, el no pago de la deuda de la UE y el FMI, la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales, la articulación de políticas contras la violencia machista o la excarcelación de las personas encerradas como consecuencia de la Ley Mordaza.
Victoria Morales, ha hecho un llamamiento “a sumarse a todas aquellas personas que creen que otro mundo, más justo y solidario, además de posible, es necesario” y ha subrayado que “en la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no un simple cambio de gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear nos unamos”
